(SALTA).- El conflicto entre el Gobierno provincial y los anestesistas sumó un nuevo capítulo luego de que el Ministerio de Salud Pública negara la existencia de una deuda vencida de tres meses con los profesionales y reclamara la reanudación inmediata de las cirugías programadas en los hospitales públicos.
A través de un comunicado oficial, la cartera sanitaria cuestionó los planteos difundidos por la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (Asaar) y afirmó que “carecen de veracidad los reclamos difundidos públicamente”.
El organismo defendió el cumplimiento de los compromisos asumidos en el convenio vigente y explicó que los plazos de pago son de 30 días para las horas de guardia y de 60 días para las prestaciones anestesiológicas, contados desde la presentación de las respectivas facturaciones.
De acuerdo con la versión oficial, estos plazos deben considerarse al momento de evaluar si existen obligaciones vencidas. Por ese motivo, el Ministerio rechazó que los períodos que todavía se encuentran dentro del circuito administrativo puedan presentarse como deuda exigible.
Salud informó pagos por más de $4143 millones
En su comunicado, el Ministerio detalló los desembolsos realizados durante 2026 para responder a los reclamos de los profesionales. Según la información oficial, ya se cancelaron en su totalidad las liquidaciones correspondientes a las guardias hasta agosto y las prestaciones anestesiológicas de mayo, junio y julio.
Respecto de las prestaciones realizadas en agosto, la cartera sanitaria sostuvo que el vencimiento opera en noviembre, por lo que consideró improcedente incluir ese período entre las obligaciones vencidas. El Gobierno provincial informó que durante octubre desembolsó $1.137.876.672,06, mientras que el monto total abonado desde enero asciende a $4.143.233.273,43.
A su vez, uno de los puntos más duros del pronunciamiento oficial estuvo dirigido a la suspensión de las cirugías programadas en los hospitales públicos. El Ministerio cuestionó las medidas adoptadas por los anestesistas y advirtió que las decisiones unilaterales no pueden perjudicar el derecho a la salud de la población.
Aunque manifestó su disposición a mantener el diálogo institucional, la cartera sanitaria estableció una condición para avanzar en cualquier negociación: el restablecimiento total del servicio quirúrgico. En ese marco, instó a la asociación profesional a deponer su actitud y retomar de inmediato la prestación completa de los servicios.
La posición oficial coloca la normalización de las intervenciones quirúrgicas en el centro de la disputa, en un contexto en el que la suspensión de procedimientos programados puede afectar la atención de pacientes que esperan una operación.
