(SALTA).- La reforma de la Carta Orgánica Municipal sigue sumando cuestionamientos políticos e institucionales. Esta vez fue el Partido de la Reconquista, que tiene entre sus principales referentes al diputado provincial José Gauffin, el que salió a criticar la intervención del Senado provincial y consideró que los cambios introducidos terminaron reduciendo herramientas de control sobre el poder político.
Bajo el título “Menos transparencia, menos control: el Senado respaldó al poder y no a los vecinos”, la fuerza política difundió un comunicado firmado por su presidente, Alejandro Patrón Costas; el diputado Gauffin y Favio Zerpa, integrante de la Junta Electoral partidaria.
El documento cuestiona que la Cámara alta haya modificado aspectos centrales del texto elaborado por la Convención Municipal y advierte que las modificaciones afectan disposiciones vinculadas con el acceso a la información pública, la publicidad oficial y el funcionamiento de los organismos de control.
La crítica se suma a la controversia que se desató después de que el Senado otorgara media sanción a una versión modificada de la reforma. El proyecto original había sido aprobado por la Convención Municipal en mayo, con mayoría de representantes de La Libertad Avanza, pero luego fue sometido a un proceso de compatibilización legislativa que derivó en cambios y supresiones de distintos artículos.
Uno de los principales cuestionamientos del Partido de la Reconquista apunta a que la reforma original había surgido de un proceso de reuniones, consultas y acuerdos entre los distintos bloques políticos. Según el comunicado, ese trabajo contemplaba ampliar el acceso a la información pública, regular la publicidad oficial, fortalecer los organismos de control y modernizar la institucionalidad municipal.
Sin embargo, desde el espacio sostienen que el proceso terminó tomando otro rumbo. En particular, cuestionaron que se hayan eliminado o modificado disposiciones que buscaban fortalecer la fiscalización de los recursos públicos y garantizar mayores mecanismos de participación ciudadana.
“Nos dicen que se trata de una discusión jurídica. Pero los resultados son políticos”, plantearon. También dejaron una pregunta dirigida al oficialismo provincial: “¿Por qué cada propuesta destinada a aumentar los controles sobre el poder termina encontrando resistencia dentro del poder político del oficialismo?”.
Una discusión que excede lo jurídico
La controversia tiene como trasfondo las facultades de la Legislatura provincial para compatibilizar las reformas de las cartas municipales con la Constitución provincial. El artículo 174 establece que las modificaciones deben contar con aprobación legislativa para adquirir eficacia.
Desde el Senado, el senador por La Poma, Dani Nolasco, defendió las modificaciones y argumentó que la Convención Municipal no podía incorporar disposiciones que excedieran las competencias habilitadas por la ordenanza de convocatoria o contradijeran el marco constitucional.
Entre los puntos objetados estuvieron las regulaciones sobre publicidad oficial, los requisitos para acceder a una banca de concejal, la duración de los mandatos en el Tribunal de Cuentas y determinadas disposiciones vinculadas con el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Faltas.
Del otro lado, el senador capitalino Roque Cornejo fue el único voto en disidencia y cuestionó que la Cámara alta hubiera desvirtuado aspectos centrales del texto aprobado por los convencionales. También advirtió sobre las modificaciones vinculadas con la transparencia, las rendiciones presupuestarias y la autonomía de los organismos de fiscalización.
La discusión también había generado cuestionamientos desde otros sectores políticos de la Capital. El presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, había advertido que algunas modificaciones excedían los puntos habilitados para la reforma, aunque aclaró que todavía no había podido analizar en detalle el texto aprobado por el Senado.
En su comunicado, el espacio también cuestionó que se pretenda reemplazar los Tribunales de Cuentas por sindicaturas internas y preguntó por qué ese criterio se habría aplicado en otros municipios, pero no en la ciudad de Salta. “Las instituciones se fortalecen cuando el poder acepta más controles, no menos. La transparencia no debilita a los gobiernos; los fortalece”, señalaron. El documento concluyó con una crítica al resultado del proceso reformador, al considerar que se perdió una oportunidad para mejorar la calidad institucional de la Capital y ampliar los derechos de los vecinos.
