(SALTA).- (Por Diego Nofal).- La emergencia agropecuaria declarada por el gobierno de Gustavo Sáenz en los Valles Calchaquíes dejó al descubierto una dependencia que la provincia no logra sacudirse. El decreto provincial 705, firmado el 26 de octubre, busca que la Nación reconozca la crítica situación de los productores vitivinícolas y frutihortícolas afectados por las heladas tardías. Sin embargo, desde el propio Ejecutivo salteño admiten en voz baja que no esperan subsidios nacionales, lo que revela una gestión que confía más en la prórroga de impuestos que en una asistencia directa capaz de salvar la próxima cosecha.
El secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, fue sincero al reconocer que los fondos de asistencia no llegarán desde la Casa Rosada. Su frase, «seguramente, fondos de asistencia, subsidios, no va a haber«, es un balde de agua fría para cientos de familias que ven peligrar su sustento. La administración provincial se limita a ofrecer diferimientos de vencimientos impositivos, una herramienta válida pero insuficiente cuando las deudas se acumulan y el crédito se vuelve inaccesible para los pequeños productores.
La burocracia tampoco ayuda a los que peor la están pasando. Para acceder a los magros beneficios, los damnificados deben presentar una declaración jurada dentro de los veinte días hábiles posteriores a la publicación del decreto, un trámite que muchos productores del interior ni siquiera saben cómo iniciar. La brecha entre la declaración de emergencia y la solución concreta para el productor de a pie sigue siendo enorme, y el tiempo corre en contra de quienes necesitan respuestas antes de la próxima temporada.
El sector vitivinícola, motor económico de los Valles, ya venía golpeado por un invierno benigno que adelantó la brotación y luego sufrió heladas que dañaron los brotes de forma irreversible. La combinación de factores climáticos adversos con la falta de una política de fondo para el agro salteño configura un escenario que ningún decreto puede revertir por sí solo. La emergencia es un paliativo, no una estrategia de desarrollo.
Mientras la provincia espera una respuesta de la Nación que nunca termina de concretarse, los productores siguen endeudándose para sobrevivir. La gestión de Sáenz hace bien en reclamar un federalismo real, pero también debería revisar por qué su propio presupuesto no contempla un fondo de contingencia para el sector agropecuario. La crítica al centralismo es legítima, pero no exime de la responsabilidad de gestionar con previsión en el territorio.
La situación de los Valles Calchaquíes es un recordatorio de que la política provincial no puede seguir dependiendo de la buena voluntad de un gobierno nacional que responde con lentitud y criterios de caja. El campo salteño necesita certidumbre, y esa certidumbre debe empezar por casa.
