(SALTA).- La Ley 8.355, sancionada en diciembre de 2022, declaró la emergencia hídrica en toda la provincia por escasez de agua. Desde entonces, cada fin de año el Ejecutivo pidió renovarla con el mismo diagnóstico: faltaba agua y había que actuar rápido. El martes, la Cámara de Diputados aprobó una nueva extensión por doce meses, pero esta vez el oficialismo habló de otra cosa: del exceso de agua.
El bloque oficialista defendió la prórroga por el riesgo de que El Niño traiga lluvias fuertes y desbordes en el norte. El diputado provincial Gastón Galíndez nombró las cuencas del Pilcomayo, el Bermejo y el Juramento, y dijo que la emergencia tenía que servir para algo más que la sequía. En tanto, la legisladora Laura Cartuccia sostuvo que «las emergencias no se declaran para actuar cuando el daño está hecho, sino para prevenir». Nadie se detuvo a explicar cómo una ley hecha para la falta de agua pasó a usarse para las crecidas.
Lo que se mantuvo igual en estos cuatro años son las facultades que la ley le da al Gobierno. Según plantearon varios diputados opositores, permite mover partidas del presupuesto, contratar sin licitación y encarar obras a través de Aguas del Norte con menos controles. Esa fue la principal objeción en el recinto. En el mismo período, la empresa estatal sumó contrataciones de emergencia cuyos montos no se informaron.
Una de las advertencias más fuertes salió del propio oficialismo. Patricia Hucena votó a favor, pero dijo que «la emergencia no significa resignarnos a vivir permanentemente en emergencia». También contó que una obra de agua en Pichanal está paralizada hace cuatro años y que unas 700 familias siguen esperando. Es el mismo tiempo que lleva vigente la ley que se dictó, entre otras cosas, para agilizar obras como esa.
Críticas en el discurso, apoyo en el voto
El libertario Nicolás Arce, diputado por San Martín, preguntó cómo puede ser que en una provincia con petróleo, minería y campo, los vecinos de Tartagal tengan que tomar agua del camión. Y fue más lejos: «Emergencia hídrica, ¿para qué? Para la corrupción». Al momento de votar, igual acompañó el proyecto, con el argumento de que su departamento no podía quedarse sin esa herramienta.
Franco Lastra, del mismo bloque, recordó que el problema viene desde 2022 sin respuestas y pidió que Salta deje de «vivir de emergencia». También votó a favor. El presidente de la Cámara, Esteban Amat Lacroix, se lo hizo notar a los dos: «Los diputados de La Libertad Avanza dijeron una cosa y votaron otra». El reproche quedó flotando en el recinto y ningún libertario lo contestó.
José Gauffín, del Partido de la Reconquista, fue el único que votó en contra. Dijo que en cada renovación repitió la misma advertencia: que prorrogar la emergencia es reconocer que el Gobierno no logró planificar una política para el agua. «No se puede vivir indefinidamente de esta forma con esta ley», insistió. Amat Lacroix, que había apoyado la prórroga, lo felicitó por haber sido coherente.
Los diputados del norte defendieron la ley con la mirada puesta en las próximas semanas. Rogelio Segundo, de Rivadavia, avisó que en un mes empieza la temporada de crecidas y que su departamento necesita defensas, agua y alimentos. «Nos queda un mes, se nos viene el río», dijo. El pedido deja una pregunta que nadie respondió en la sesión: por qué esas defensas no se hicieron en los cuatro años en que la emergencia ya estaba vigente.
La ley actual vence el 2 de diciembre y ahora el proyecto está en manos del Senado. Si lo aprueba, Salta habrá pasado de la sequía a las inundaciones sin salir nunca de la emergencia. En los hechos, un mecanismo pensado para situaciones excepcionales terminó convertido en una herramienta de uso habitual para el Gobierno provincial, con las mismas facultades y la misma falta de resultados en las obras.
