(SALTA).- La empresa Aguas del Norte, formalmente Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (COSAYSA), presentó un recurso contra una resolución que establecía un descuento del 30% para determinados usuarios residenciales. Según la documentación a la que accedió El Intra, la prestadora advirtió que la medida le ocasionaría una pérdida aproximada de $17,5 millones, sin impuestos.
El beneficio había sido aprobado mediante la Resolución 1672/2026 del Ente Regulador de los Servicios Públicos, después de una audiencia pública celebrada el 12 de junio. Estaba destinado a usuarios sin medidor, facturados mediante el sistema de Renta Fija, que habitan inmuebles con terrenos superiores a 1.000 metros cuadrados y construcciones de hasta 100 metros cuadrados.
Aguas del Norte solicitó que se dejara sin efecto la reducción. Argumentó que algunos usuarios con terrenos de entre 600 y 1.000 metros cuadrados podían terminar pagando más que otros propietarios de superficies mayores alcanzados por el descuento. También sostuvo que las situaciones de vulnerabilidad económica debían atenderse mediante subsidios individuales.
El reclamo de Aguas del Norte y la decisión del Ente Regulador
La presentación de COSAYSA obligó al organismo regulador a revisar los criterios utilizados para calcular las facturas. La Gerencia Económica intervino nuevamente y, mediante un informe del 23 de octubre, consideró apropiado modificar los límites de superficie computable. La propuesta conservó el descuento del 30%, pero introdujo condiciones adicionales para determinar el importe sobre el cual debía aplicarse.
La Resolución 1971/2026, publicada este viernes 6 de noviembre en el Boletín Oficial, hizo lugar al recurso de reconsideración presentado por la empresa. Para terrenos de entre 1.001 y 3.000 metros cuadrados fijó una superficie máxima computable de 1.001 metros cuadrados. En inmuebles de 3.001 metros cuadrados o más, el límite establecido fue de 3.001 metros cuadrados.
El Ente Regulador mantuvo el descuento del 30% sobre el básico facturado y rechazó, en los hechos, el pedido de Aguas del Norte de eliminarlo. Sin embargo, aceptó modificar su aplicación a partir de los argumentos presentados por la compañía. La resolución tampoco modificó la fórmula general utilizada para calcular el consumo equivalente de los usuarios sin medidor.
La controversia dejó expuesta una diferencia entre el criterio económico de la prestadora y la política de alivio tarifario impulsada por el organismo de control. Mientras Aguas del Norte calculó una pérdida de $17,5 millones, el Ente decidió conservar el beneficio. La resolución publicada no precisa cuántos usuarios están alcanzados ni cuál será el impacto económico definitivo de las modificaciones aprobadas.
