(SALTA).- (Por Diego Nofal).- La Justicia archivó las denuncias contra el concejal libertario Maximiliano Casasola y su regreso al Concejo Deliberante de Salta quedó a la espera de la decisión de la Comisión de Disciplina. El edil había sido suspendido por presuntos hechos de violencia de género y ahora la concejal Agustina Álvarez confirmó que la causa fue archivada y que correspondería su reincorporación.
La situación de Casasola expone las tensiones internas de La Libertad Avanza y los difíciles equilibrios de la política salteña. La Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial deberá resolver si corresponde levantar la suspensión y permitir su retorno a la banca.
La crítica tranquila no se dirige al concejal sino a la lentitud y a la opacidad de los procedimientos internos del Concejo. La sociedad salteña merece transparencia sobre los criterios que se aplican en casos de violencia de género. El oficialismo municipal y la oposición deben garantizar que las decisiones se tomen con apego a la ley y no en función de conveniencias políticas. La confianza pública se construye con hechos y no con silencios.
El gobierno de la ciudad tiene la oportunidad de demostrar que las instituciones funcionan y que los fueros no protegen a nadie. La ciudadanía observa con atención y espera una resolución rápida y fundamentada.
Salta necesita una política seria de prevención y sanción de la violencia de género que trascienda los casos individuales. La crítica apunta a la falta de un protocolo claro y de una comunicación transparente.
