(SALTA) – (Por Diego Nofal).- La Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura provincial inició esta semana el análisis de un proyecto de ley presentado por el diputado Mario Nallar para erradicar el chineo y la rameada, formas sistemáticas de violencia sexual perpetradas contra mujeres y niñas de comunidades originarias. La iniciativa busca prevenir proteger y capacitar a las víctimas y toma como antecedente la Ley Octorina sancionada meses atrás. El debate es necesario y urgente pero llega con un retraso que avergüenza a la dirigencia política salteña.
El chineo es una práctica aberrante que ha sido denunciada durante décadas por organizaciones de mujeres indígenas y por organismos de derechos humanos. Que la Legislatura recién ahora comience a discutir un proyecto para erradicarlo habla a las claras de la indiferencia con la que las autoridades provinciales han tratado un problema que afecta a las comunidades más vulnerables del territorio. La lentitud legislativa contrasta con la celeridad con la que se aprueban otras normas de menor impacto social.
El proyecto del diputado Nallar incluye la convocatoria a una comunicadora social especializada en ciberdelitos y trata de personas y prevé solicitar informes a la Secretaría de Pueblos Indígenas al Ministerio de Salud y al Consejo Provincial de la Mujer. Esas medidas son razonables dentro de un enfoque integral que debería incluir además presupuesto suficiente para la prevención la asistencia a las víctimas y la capacitación de los operadores judiciales y de salud.
La referencia a la Ley Octorina como antecedente es pertinente aunque también revela una fragmentación legislativa que no contribuye a la eficacia de las políticas públicas. La provincia ha aprobado normas sobre violencia de género y sobre derechos indígenas de manera dispersa y sin una articulación clara entre ellas. Esa dispersión genera confusión en la aplicación de las leyes y deja a las víctimas sin una respuesta institucional coherente y efectiva.
El debate legislativo también debería incluir una reflexión sobre el uso del término chineo y sobre la forma en que el lenguaje puede ocultar o visibilizar la gravedad de los abusos. Algunos legisladores han planteado la necesidad de erradicar esa palabra por considerarla un eufemismo que remite a un racismo colonial. Esa discusión es válida y debería darse con seriedad y sin demagogia para no desviar la atención del problema central que es la violencia sexual contra niñas y mujeres indígenas.
La Legislatura tiene la oportunidad de sancionar una ley que contribuya realmente a erradicar una práctica atroz y a reparar a las víctimas. Para eso no alcanza con declaraciones ni con proyectos bien intencionados sino que se requiere voluntad política y asignación presupuestaria concreta. Mientras eso no ocurra el debate seguirá siendo una expresión de deseos y las comunidades originarias seguirán esperando una respuesta que nunca llega.
