(SALTA).- (Por Diego Nofal).- El gobernador Gustavo Sáenz promociona la minería como una oportunidad histórica para la provincia aunque las regalías mineras apenas representan el 0,2% de los ingresos totales provinciales. Existe una distancia enorme entre el peso exportador de la actividad y su aporte directo a las cuentas públicas salteñas que financian los servicios esenciales de la población. La actividad minera explicó el 44% de las exportaciones salteñas durante el año 2025 pero ese volumen exportador no se refleja en una mejora sustancial del presupuesto provincial.
El discurso oficial sobre el federalismo minero y el desarrollo territorial suena hueco cuando los números demuestran que las regalías financian apenas entre el 1 y el 5% de la inversión pública provincial. El presupuesto provincial había previsto más de cinco mil millones de pesos por regalías mineras pero la recaudación efectiva expone los límites de un modelo que prioriza la extracción sobre el beneficio directo para las comunidades locales. Los salteños escuchan promesas de infraestructura y trabajo local mientras observan cómo la riqueza extraída de su suelo se marcha sin dejar el impacto económico prometido.
La inversión pública en Salta fue la más baja en relación con sus ingresos entre las jurisdicciones analizadas y esa realidad contradice el relato de una provincia en pleno desarrollo gracias a la actividad extractiva. El Gobierno provincial debe revisar con urgencia el esquema de regalías y exigir una distribución más equitativa de los recursos que genera una actividad que transforma irreversiblemente el territorio salteño. La responsabilidad de los funcionarios es garantizar que la explotación de los recursos naturales deje una huella positiva y no solo un tendal de promesas incumplidas y comunidades abandonadas a su suerte.
No se trata de oponerse a la minería sino de exigir que esa actividad rinda cuentas claras y aporte lo justo a una provincia que necesita desesperadamente fondos para salud, educación y caminos rurales. Los contratos y los marcos regulatorios deben ser revisados para que Salta no siga siendo una provincia rica en recursos naturales y pobre en recursos fiscales. La sociedad salteña merece saber con precisión cuánto deja la minería en las arcas provinciales y cómo se distribuye esa riqueza entre los distintos sectores de la comunidad.
El oficialismo provincial tiene la oportunidad de corregir el rumbo y transformar la promesa minera en un beneficio tangible para todos los salteños y no solo para un puñado de empresas y funcionarios de turno. La transparencia en la gestión de los recursos naturales es una obligación ineludible de cualquier gobierno que se precie de democrático y republicano. Las regalías mineras deben ser una herramienta de desarrollo y no un adorno estadístico que engaña a la opinión pública con cifras que no se traducen en bienestar concreto para la gente.
