(SALTA).- (Por Diego Nofal).- El gobernador Gustavo Sáenz junto a otros mandatarios provinciales muestra una predisposición cada vez menor a acompañar las iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso de la Nación. La relación política entre la Casa Rosada y los gobernadores que antes sostenían la agenda oficialista atraviesa un momento de evidente enfriamiento y recalculamiento estratégico. Los mandatarios provinciales empiezan a medir con mayor cautela el costo político de respaldar al oficialismo de cara a los próximos desafíos electorales.
Esta toma de distancia no responde a un capricho personal sino a una lectura atenta de un contexto económico y social que complica las aspiraciones oficiales en los territorios provinciales. La provincia de Salta necesita respuestas concretas en materia de recursos y obras públicas que el Gobierno nacional parece no estar dispuesto a garantizar con la celeridad requerida. La paciencia de los gobernadores tiene un límite y ese límite se está alcanzando en cada votación legislativa donde los apoyos se vuelven cada vez más esquivos y condicionados.
La política de confrontación permanente desgasta los puentes de diálogo que alguna vez permitieron sostener una gobernabilidad mínima en un país fragmentado políticamente. Los salteños observan cómo sus representantes nacionales deben elegir entre la lealtad a un proyecto que no los contiene y la defensa de los intereses concretos de una provincia postergada. El oficialismo nacional parece no comprender que los gobernadores administran realidades complejas y que sus demandas no son simples caprichos sino necesidades urgentes de sus comunidades.
La agenda legislativa se complica para el Gobierno nacional ante la falta de aliados dispuestos a firmar cheques en blanco sin contraprestaciones claras y verificables. La suspensión de las elecciones primarias es un tema que genera desconfianza y los gobernadores exigen garantías que la Casa Rosada no termina de ofrecer con la transparencia necesaria. Gustavo Sáenz tiene la responsabilidad de priorizar los intereses de Salta por encima de cualquier especulación política nacional y esa tarea exige una independencia que el oficialismo no está dispuesto a tolerar sin reproches.
La ciudadanía salteña necesita hechos y no relatos grandilocuentes sobre alianzas que solo benefician a los ocupantes de los cargos legislativos. El Gobierno provincial debe aprovechar este momento de reacomodamiento para exigir con firmeza los recursos que corresponden a Salta por coparticipación y por obras de infraestructura postergadas durante años. La relación con el poder central debe basarse en la defensa irrestricta de los intereses provinciales y no en la conveniencia de mantener una foto que ya no representa la realidad política del país.
