(SALTA).- (Por Diego Nofal).- El pedido de intervención al municipio de La Merced no fue tratado sobre tablas en la Cámara de Diputados de Salta y pasó a comisión sin una fecha clara de tratamiento. La decisión dilata una definición clave en un contexto institucional delicado y deja a los vecinos de La Merced sin una respuesta concreta del poder provincial.
El oficialismo argumentó que el proyecto debía seguir el circuito legislativo habitual y que correspondía un análisis más profundo antes de resolver una medida de esa magnitud. La postura formal es atendible en cualquier sistema parlamentario serio pero el timing elegido genera dudas sobre las verdaderas prioridades de la dirigencia provincial salteña.
La Merced viene de una crisis profunda con episodios de violencia social protestas y cuestionamientos severos a la conducción municipal que exigían una respuesta institucional rápida. La intervención aparecía como una herramienta para ordenar esa situación y no como un capricho político de último momento según los propios reclamos vecinales registrados.
Derivar el asunto a comisión puede interpretarse como una maniobra dilatoria para proteger a un intendente aliado o como una decisión prudente frente a un expediente complejo. La diferencia entre una cosa y otra depende de la celeridad con la que se actúe de ahora en adelante y de la voluntad real de llegar a una resolución.
Mientras el proyecto duerme en comisión la crisis social no se detiene y los vecinos de La Merced siguen esperando una señal concreta del poder provincial. Postergar no es lo mismo que analizar y la política salteña debería explicar con claridad en cuál de las dos veredas está parada frente a este conflicto.
La Cámara de Diputados tiene la oportunidad de demostrar que el análisis profundo no es una excusa para demorar indefinidamente una decisión que la comunidad de La Merced reclama. Una definición clara y fundamentada en plazos razonables fortalecería la institucionalidad provincial y evitaría que la crisis se profundice por la inacción legislativa de los organismos competentes.
El tratamiento en comisión debe tener un cronograma público y verificable para que la ciudadanía pueda seguir el proceso y exigir resultados concretos a sus representantes. La política provincial no debería dejar que un municipio en crisis quede atrapado en una disputa de tiempos legislativos que solo beneficia a quienes evitan las definiciones.
