(SALTA) – (Por Diego Nofal).- La denuncia contra Rolando Rojas, el intendente de El Quebrachal, por la compra de terrenos sin autorización del Concejo Deliberante instaló una sospecha razonable sobre el manejo de fondos públicos. La presentación de un concejal opositor señaló que el Ejecutivo municipal pagó una cuota antes de que el cuerpo tratara la ordenanza que debía habilitar la operación.
El procedimiento llama la atención por varios motivos que no son menores y que merecen una explicación institucional clara ante la comunidad de El Quebrachal. La ordenanza llegó al Concejo sin planos catastrales sin delimitación precisa del predio y sin información suficiente sobre los servicios disponibles para evaluar la compra.
El intendente habría exigido a los ediles oficialistas aprobar el proyecto con urgencia porque el pago ya estaba hecho y la decisión aparecía consumada de antemano. Ese modo de actuar convierte al Concejo Deliberante en una mesa de convalidación de decisiones que deberían discutirse antes y no después de pagar la operación.
La situación se vuelve más delicada cuando el municipio atraviesa una crisis habitacional con centenares de familias que reclaman respuestas concretas y terrenos disponibles. También existen denuncias por reparto discrecional de terrenos en el predio municipal y esas acusaciones deberían investigarse con la misma urgencia que la compra cuestionada.
Comprar tierras en dólares con urgencia y sin documentación mínima exigible no es un detalle administrativo menor para cualquier gestión municipal que aspire a ser transparente. Ese tipo de decisiones afecta la confianza pública y el destino de recursos que pertenecen a todos los vecinos de El Quebrachal y no a un círculo oficialista.
La transparencia no es un adorno discursivo y debería ser la regla mínima en cualquier gestión municipal que se precie de democrática y verdaderamente republicana. El intendente de El Quebrachal tiene la obligación de explicar cada paso de esta compra y de poner la documentación completa a disposición del Concejo Deliberante.
La comunidad merece una respuesta institucional seria y no una cadena de justificaciones que se construyen después de conocido el hecho y publicado por la prensa. Si la compra fue legal y necesaria el municipio debe demostrarlo con papeles claros y con una rendición de cuentas accesible para cualquier vecino interesado.
