(SALTA).- El Partido Obrero anunció que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia luego del rechazo de la acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley de Participación Democrática. El dirigente Claudio del Plá cuestionó duramente la resolución de la Corte provincial y denunció que la normativa constituye un mecanismo de proscripción política, debido a que, tal como están planteadas la Ley de Partidos Políticos y la Ley 8535, no se les permite participar si no tienen representación en, al menos, 15 departamentos.
Del Plá adelantó que el espacio presentará un recurso extraordinario federal para intentar revertir el fallo provincial. Su principal cuestionamiento apunta a que, según sostuvo, los jueces no analizaron los argumentos particulares que había presentado el Partido Obrero. «En primer lugar porque la Corte no se tomó el trabajo de estudiar nuestra presentación», afirmó el dirigente al referirse a la resolución judicial.
En ese sentido, explicó que existieron tres presentaciones diferentes contra la ley, con argumentos, contenidos y prioridades distintas, por lo que consideró que el tribunal no podía resolver el planteo del PO tomando como referencia el fallo correspondiente a la acción impulsada por Carlos Zapata. «La Corte falló en el caso Zapata y dijo que ese fallo varía para el caso de la presentación del PO, son casos muy diferentes», señaló.
Una nueva disputa judicial por la ley electoral
La controversia involucra a distintos sectores políticos que cuestionan las condiciones establecidas por la normativa para competir electoralmente en la provincia. En el caso del PO, Del Plá sostiene que la Corte provincial no abordó de manera específica los argumentos de su presentación y que el rechazo basado en otro expediente deja sin respuesta los cuestionamientos particulares de su espacio.
Así, mientras La Libertad Avanza también anticipó que trabaja en un recurso extraordinario federal, el Partido Obrero confirmó que seguirá el mismo camino judicial.
La discusión sobre la Ley de Participación Democrática, por lo tanto, podría trasladarse a la Corte Suprema de la Nación. Mientras tanto, el fallo provincial mantiene vigente la normativa y deja abierta una nueva controversia sobre las condiciones de participación política y electoral en Salta.
