(SALTA).- El Senado provincial aprobó un nuevo acuerdo para la designación de Fabián Vittar como juez de la Corte de Justicia de Salta. Si se formaliza por otros diez años, el magistrado podría permanecer en el máximo tribunal hasta 2036 y acumular 28 años en el cargo, ya que integra el cuerpo desde 2008.
La aprobación se produjo durante una sesión especial atravesada por un debate sobre los límites constitucionales de los mandatos judiciales y el alcance de la reforma de la Constitución provincial de 2021. El único voto en contra fue el del senador por Capital, Roque Cornejo Avellaneda, quien consideró que la continuidad de Vittar contradice la prohibición de reelección establecida en la Carta Magna.
Antes del tratamiento en el recinto, Vittar fue entrevistado por la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, que posteriormente emitió un dictamen favorable a su postulación.
Durante la sesión, el senador Juan Curá defendió el acuerdo propuesto por el Poder Ejecutivo y destacó los antecedentes profesionales del magistrado, además del resultado del procedimiento de participación ciudadana. Según precisó, se recibieron 2.625 adhesiones personales, 15 opiniones favorables y una observación fundada, que fue respondida por el postulante.
Sin embargo, Cornejo puso el foco en el artículo 156 de la Constitución provincial, que establece un período de diez años para los jueces de la Corte y prohíbe su reelección. Desde esa interpretación, sostuvo que Vittar ya habría cumplido el límite constitucional para continuar en el cargo. “Sin duda alguna, no puede vencer el escollo, el límite constitucional de que no puede ser reelegido”, afirmó el legislador.
El senador también remarcó que el espíritu de la reforma constitucional de 2021 fue establecer límites a la permanencia en determinados cargos y evitar las reelecciones indefinidas. Por ese motivo, cuestionó que se otorgue un nuevo acuerdo a un magistrado que integra la Corte desde hace casi dos décadas.
Una larga trayectoria en el poder
La trayectoria de Vittar en la función pública comenzó en el ámbito político. Previamente, fue concejal de la ciudad de Salta y diputado provincial antes de incorporarse al Poder Judicial. Allí también ocupó responsabilidades en la Escuela de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento y la Junta Federal de Cortes.
Con el nuevo acuerdo aprobado por el Senado, se abre una discusión que excede los antecedentes personales y profesionales del magistrado: hasta dónde llegan los límites constitucionales para la permanencia en uno de los cargos más importantes del Poder Judicial salteño.
