(SALTA).- El diputado nacional Carlos Zapata lanzó duras críticas contra la Corte de Justicia de Salta luego de que el máximo tribunal provincial avalara la Ley 8535. “No esperábamos otra cosa de esta Corte, que nos tiene acostumbrados a utilizar parámetros que son bastante extraños”, manifestó.
En declaraciones a Infinito FM, el legislador también cuestionó el funcionamiento de la Legislatura provincial, a la que calificó como una “mafia de alcahuetes”, en el marco de sus objeciones al sistema establecido por la normativa.
Para Zapata, la Ley 8535 representa un retroceso en materia de derechos políticos porque, según sostuvo, limita la posibilidad de que la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas se traduzca directamente en la representación política.
“Es contraria al derecho de la gente, al derecho político de las personas de elegir y ser elegido y que su voto sea destinado al candidato que cada cual selecciona y no utilizar estos tipos de intermediarios que transforman la voluntad del ciudadano en la voluntad de quien gobierna”, afirmó.
La “emergentocracia” salteña
El diputado también cuestionó la prórroga de la emergencia hídrica y vinculó su continuidad con la incapacidad del Gobierno provincial para resolver problemas estructurales que se arrastran desde hace años.
En ese sentido, recordó que Salta mantiene desde 1990 la Ley 6583 de Emergencia Económica y señaló que, a partir de aquella normativa, se fueron acumulando distintas declaraciones de emergencia que, aunque inicialmente respondían a necesidades concretas, terminaron convirtiéndose en herramientas permanentes.
“La provincia tiene una característica que desde el año 90 mantiene la Ley 6583 de Emergencia Económica y, a partir de esa emergencia económica, se han sucedido un sinnúmero de leyes de emergencia que están apuntadas a una necesidad real y presente de algún momento, pero se transforman en permanentes. Por eso yo llamo que se trata, en medio de una democracia perfecta, de una especie de emergentocracia”, sostuvo.
Zapata reconoció que la emergencia hídrica tiene una justificación frente a los riesgos que generan las precipitaciones intensas y los posibles desbordes de los ríos. Sin embargo, cuestionó que el Ejecutivo provincial continúe recurriendo a este mecanismo sin haber solucionado las condiciones que hacen necesaria su aplicación.
“Se impone la impericia, la incapacidad para poder corregir una situación de hechos que cuenta con una ley que permite actuar en lo que considera determinante el poder como medidas adecuadas para salvar esa situación que genera el dictado de emergencia, pero a lo largo del tiempo no han sido capaces de corregir absolutamente nada”, afirmó.
