(SALTA).- (Por Diego Nofal).- La decisión de la gestión municipal de Cafayate, encabezada por la intendenta Rita Guevara, de destinar cuatrocientos catorce millones de pesos para pavimentar apenas trescientos metros de calle despierta serios interrogantes sobre la transparencia del gasto público. Un desembolso de semejante magnitud por una extensión tan reducida resulta difícil de justificar frente a las múltiples carencias de infraestructura básica que padecen los vecinos de esa localidad vallista.
Cuando los costos de la obra pública municipal alcanzan cifras exorbitantes por metro lineal, la obligación elemental de cualquier funcionario responsable es exhibir públicamente los pliegos técnicos y los análisis de precios. La comunidad cafayateña tiene todo el derecho de saber por qué tres cuadras de pavimento demandan una inversión millonaria mientras existen barrios enteros sin servicios esenciales ni mantenimiento vial adecuado.
Este tipo de adjudicaciones pone bajo la lupa los mecanismos de control interno y la efectividad de los organismos encargados de auditar las cuentas municipales en el interior de Salta. En municipios donde los recursos propios son escasos y dependen mayormente de la coparticipación provincial, cada peso mal administrado representa una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de la población.
Resulta llamativo el silencio oficial frente a los cuestionamientos políticos y presupuestarios que generó esta contratación en una comunidad que atraviesa dificultades económicas y conflictos laborales internos. Gobernar con transparencia implica rendir cuentas de cara a los contribuyentes y demostrar que las licitaciones responden al interés general y no a sobreprecios injustificados.
Los concejales de Cafayate y los órganos de fiscalización provincial deberían actuar de oficio para revisar cada detalle administrativo de esta obra antes de que se comprometan definitivamente las arcas comunales. La ciudadanía ya no tolera la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos ni las explicaciones evasivas cuando están en juego cifras tan elevadas.
El desarrollo turístico y urbano de Cafayate requiere inversiones planificadas, precios razonables y una administración austera que priorice las verdaderas urgencias de sus habitantes. De lo contrario, obras como esta quedarán en la memoria colectiva como un símbolo de ineficiencia presupuestaria y falta de respeto por el esfuerzo de los contribuyentes.









