(SALTA).- En Salta, los proveedores mineros de la Puna advirtieron que el nuevo RIGI favorece a firmas de capital extranjero al permitirles competir como proveedoras locales. Gabriela Miranda, presidenta de CAPROSEMITP, y Federico Russo, titular de CAPEMISA, señalaron que la reforma del Gobierno de Javier Milei amplía la competencia para las pymes. Para Gustavo Sáenz, el reclamo abre una discusión propia: cómo controla la Provincia las compras a empresas salteñas.
Miranda calificó el cambio como un “balde de agua fría”. En declaraciones a InfoMinería el 17 de noviembre, explicó que los proveedores de la Puna ya compiten con firmas de otras provincias que tienen mayor estructura y capacidad financiera. Russo señaló diferencias en el costo de la maquinaria, la carga tributaria y la infraestructura, y anticipó gestiones ante legisladores nacionales. Al momento de la entrevista, ninguna de las dos cámaras había formalizado una postura.
El Decreto 1366/2026 eliminó la exigencia de que al menos el 51% del capital o de los votos de una empresa proveedora estuviera en manos de titulares con domicilio fiscal en la Argentina. Ahora, una filial de capital extranjero puede computarse como local si está constituida y domiciliada en el país y cumple los demás requisitos. Para los bienes, siguen rigiendo los criterios de origen del Mercosur.
La reforma no bajó el piso del 20% del RIGI, que se calcula sobre la inversión destinada a proveedores de bienes y obras y está condicionado a que exista oferta en condiciones de mercado. Lo que cambió es quién puede computar dentro de ese porcentaje. Las cámaras advierten que esa apertura puede achicar sus oportunidades, pero por ahora no hay adjudicaciones que permitan atribuirle al decreto una pérdida de contratos.
El control que depende de Salta
La Ley 8164 usa una vara distinta. Para aprobar el estudio de impacto ambiental y social de un proyecto minero de primera categoría, exige un esquema progresivo de contratación provincial de entre el 40% y el 70%, según la etapa y magnitud del emprendimiento. En otro artículo, fija una contratación preferente con proveedores inscriptos en el registro salteño por al menos el 70% del monto anual contratado, conforme a la reglamentación.
Rincón muestra por qué importa separar las dos cuentas. Según cifras de Rio Tinto publicadas por El Intra en octubre, las empresas del resto de Salta recibieron órdenes por US$428 millones y las de las comunidades cercanas, por US$34 millones, sobre US$1.419 millones acumulados. Esas cifras no prueban un incumplimiento: la vara provincial es anual y el reporte no permite reconstruir el cálculo ni las eventuales excepciones.
Salta ya aprobó un convenio con Rincón Mining para promover las compras y el empleo provincial. El paso que ahora le toca al gobierno de Gustavo Sáenz es publicar cuánto contrató cada minera con proveedores registrados en Salta, qué excepciones autorizó y qué arrojaron sus controles. Cumplir el porcentaje nacional del RIGI no responde cuánto del negocio quedó en la provincia ni cuánto llegó a la Puna.









