(SALTA) – (Por Diego Nofal).- El anuncio oficial sobre la finalización de las rondas de consulta del Gobierno de Salta con intendentes y legisladores antes de enviar el Presupuesto 2027 a la Legislatura repite un ritual administrativo que pocas veces garantiza eficiencia en el gasto público. Más allá del tono celebratorio de la comunicación gubernamental, la sociedad salteña desconoce los criterios técnicos utilizados para priorizar ciertas inversiones por encima de otras urgencias sociales.
Cada año, el Poder Ejecutivo provincial cumple con la formalidad de convocar a las autoridades departamentales para diseñar el cálculo de recursos y gastos del ejercicio siguiente. Sin embargo, la posterior ejecución presupuestaria suele mostrar desvíos significativos respecto de lo planificado, amparados en amplias facultades de reasignación de partidas que debilitan el control parlamentario.
En un contexto económico complejo, donde el esfuerzo fiscal de los contribuyentes sostiene el funcionamiento del Estado, resulta imperioso exigir mayor rigor en la definición de prioridades gubernamentales. El presupuesto no debería ser una mera enumeración de intenciones políticas destinadas a conformar a los dirigentes locales, sino un plan de gestión austero, realista y orientado a resultados medibles.
Preocupa observar que, mientras se destaca el diálogo con los sectores políticos, siguen ausentes los mecanismos de auditoría ciudadana que permitan verificar el avance real de las obras prometidas en cada departamento. Sin información pública accesible y detallada sobre los costos y plazos de ejecución, los anuncios presupuestarios pierden credibilidad ante los ojos de la población.
La Legislatura provincial tendrá ahora la responsabilidad institucional de analizar el proyecto con espíritu crítico y evitar convertirse en una simple escribanía que convalida sin modificaciones las propuestas del Ejecutivo. Debatir seriamente el destino de los fondos públicos implica cuestionar los gastos improductivos y asegurar que cada peso invertido mejore efectivamente la calidad de vida de los salteños.
Concluir una etapa de consultas internas es apenas un trámite burocrático que nada dice sobre la calidad de las políticas públicas que se implementarán durante el próximo año. La verdadera vocación de servicio se demuestra administrando con austeridad, transparencia y sensibilidad social los recursos que pertenecen a todos los habitantes de la provincia.









