(SALTA).- El intendente Emiliano Durand parece haber encontrado una fórmula conocida de la política tradicional: la distribución masiva de bolsones alimentarios. La Municipalidad de Salta acaba de convocar una licitación pública para adquirir 25.000 módulos de alimentos, con un presupuesto oficial de $680.400.000. La decisión, adoptada cuando comienza a perfilarse el escenario electoral de 2027, devuelve al centro del debate una práctica históricamente asociada al clientelismo político.
La contratación fue autorizada mediante la Resolución 0453/26, correspondiente a la Licitación Pública 35/26 y al expediente 65478-SA-26. Según información a la que accedió El Intra, la Secretaría de Desarrollo Social solicitó los productos para distribuirlos entre familias de extrema carencia y alta vulnerabilidad social de los distintos barrios y villas de la capital salteña.
Los números permiten dimensionar la operación. Cada módulo alimentario tendrá un costo presupuestado promedio de $27.216, mientras que la compra completa comprometerá más de $680 millones de recursos municipales. La apertura de ofertas está prevista para el 4 de diciembre, por lo que todavía no se trata de una compra adjudicada ni se conoce qué empresa resultará proveedora.
La asistencia alimentaria constituye una obligación del Estado frente a las familias que atraviesan situaciones de necesidad. Pero también exige transparencia sobre el uso de los recursos públicos. La distribución de bolsones fue durante décadas una herramienta utilizada por distintos gobiernos para construir vínculos políticos en los sectores más vulnerables. La pregunta es si la administración de Durand establecerá mecanismos suficientes para impedir que una prestación social termine subordinada a intereses partidarios.
Los bolsones y una vieja discusión sobre el clientelismo
El antecedente inmediato tampoco resulta menor. El 8 de octubre, El Intra informó que el Concejo Deliberante había reclamado explicaciones a la gestión municipal sobre los recursos destinados al programa Puntos de Apoyo Alimentario. Los concejales solicitaron conocer los presupuestos ejecutados, los proveedores contratados, los beneficiarios alcanzados y los mecanismos de control utilizados para garantizar la entrega de alimentos.
Ahora, la administración municipal impulsa una contratación de una magnitud considerable. Los 25.000 módulos plantean interrogantes concretos: cómo se seleccionarán las familias beneficiarias, quién confeccionará los padrones, dónde se realizarán las entregas y qué procedimientos permitirán verificar que los productos lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
La proximidad del próximo calendario electoral incorpora otra dimensión política. Durand deberá explicar cómo garantizará que la asistencia municipal permanezca separada de las estructuras partidarias, los operadores territoriales y las actividades proselitistas. No existe en la convocatoria evidencia de que los alimentos vayan a destinarse a una campaña, pero la magnitud de la compra justifica exigir controles públicos y verificables.
La política social no debería depender de la voluntad de un dirigente ni convertirse en una herramienta de agradecimiento electoral. La gestión de Emiliano Durand tiene por delante la oportunidad de publicar los padrones bajo resguardo de los datos personales, transparentar las adjudicaciones y rendir cuentas sobre cada entrega. Porque los bolsones se pagan con dinero de los contribuyentes, no con el patrimonio personal de ningún intendente.









