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La Justicia de Salta bajo sospecha: piden destituir a tres funcionarias por el caso Balverdi

Una mujer denunció durante años a su expareja y terminó imputada por su muerte. Ahora exige responsabilidades a la Justicia de Tartagal.

Justicia de Salta

(SALTA).- El Poder Judicial de Salta enfrenta un grave cuestionamiento por su actuación ante las denuncias de violencia de género presentadas por Romina Balverdi, una mujer de Tartagal que terminó imputada por la muerte de su expareja. Su abogado, Alexis Rambert Ríos, formalizó un pedido de destitución contra la jueza Susana Elba Menéndez, la fiscal Lorena Martínez y la defensora oficial Valeria Magadán, a quienes atribuye presuntas omisiones, retardo de justicia y falta de protección frente a reiterados pedidos de ayuda.

La historia que dio origen a la presentación judicial resulta estremecedora. Balverdi, de 39 años y madre de cuatro hijos, sostiene que durante más de quince años sufrió agresiones físicas, amenazas y abusos por parte de su expareja. Según su relato, acudió numerosas veces a los tribunales de Tartagal para denunciar lo que estaba viviendo y reclamar protección. Incluso aseguró haber presentado pruebas y registros de las agresiones ante las funcionarias que ahora busca llevar a juicio político.

La situación tuvo su desenlace más dramático el 9 de noviembre, cuando su expareja, Mario Barraza, murió tras recibir una herida de arma blanca. Balverdi quedó imputada por homicidio y posteriormente obtuvo prisión domiciliaria. Su defensa sostiene que el episodio ocurrió después de años de violencia y reclama que la investigación contemple la posibilidad de legítima defensa en un contexto de violencia de género.

El pedido de enjuiciamiento fue dirigido a la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero. En la presentación, la defensa cuestiona la actuación de las tres funcionarias y sostiene que las respuestas institucionales fueron insuficientes frente al riesgo denunciado. También plantea que la falta de medidas efectivas habría permitido que la situación se agravara hasta terminar en una muerte.

Las denuncias que la Justicia deberá explicar

Uno de los aspectos más delicados del caso es la cantidad de oportunidades en las que Balverdi asegura haber buscado protección. Su abogado afirmó que durante octubre acudió reiteradamente a la Justicia y que incluso había expuesto públicamente su situación ante medios de comunicación. También cuestionó el alcance de las medidas de seguridad dispuestas, entre ellas una consigna policial que, según relató, habría durado apenas un día.

Las acusaciones abren interrogantes que exceden la conducta individual de las tres funcionarias denunciadas. ¿Cuántas denuncias había registrado la Justicia de Tartagal? ¿Qué medidas concretas se ordenaron para proteger a Balverdi y a sus hijos? ¿Quién verificó su cumplimiento? ¿Qué seguimiento realizaron los organismos judiciales cuando la mujer volvió a denunciar nuevas agresiones? Las respuestas deberían surgir de los expedientes y de las actuaciones oficiales.

La responsabilidad institucional también alcanza a los mecanismos de supervisión del sistema judicial. La Corte de Justicia deberá intervenir en el trámite del pedido de enjuiciamiento conforme al procedimiento correspondiente. La denuncia no constituye por sí misma una prueba de mal desempeño, pero la gravedad de los hechos relatados exige examinar las actuaciones, las decisiones adoptadas y las eventuales omisiones que pudieran haberse producido.

El caso Balverdi deja expuesta una contradicción que merece una explicación pública. Una mujer afirma haber recurrido durante años a las instituciones encargadas de protegerla y hoy enfrenta una acusación por la muerte del hombre al que había denunciado. Mientras se investiga su responsabilidad penal, la Justicia salteña tiene por delante otra cuestión: establecer si las herramientas de protección funcionaron, quién debía aplicarlas y por qué las denuncias no consiguieron evitar un desenlace trágico.

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