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Salta

Nueve meses para integrar un tribunal: las demoras que rodean el juicio por corrupción contra un exjuez

La Fiscalía denunció demoras, presentó dos pedidos de pronto despacho y acudió a la Corte. El exjuez Parisi recuperó la libertad sin haber sido juzgado.

Justicia de Salta

(SALTA).- La Justicia de Salta tardó aproximadamente nueve meses en resolver las dificultades para integrar el tribunal encargado de juzgar por presuntos hechos de corrupción al exjuez de Orán Claudio Alejandro Parisi. Durante ese período, los fiscales presentaron dos pedidos de pronto despacho y una queja por retardo de justicia ante la Corte provincial. Mientras el proceso permanecía sin fecha de juicio, el exmagistrado recuperó la libertad mediante una resolución que el Ministerio Público Fiscal cuestionó por considerar que contenía fundamentos contradictorios.

Parisi está acusado de dos hechos de cohecho pasivo agravado, incumplimiento y omisión de los deberes de funcionario público. La investigación se vincula, entre otros episodios, con el arresto domiciliario concedido a César Daniel Martínez, conocido como “Oreja”, quien estaba imputado por tentativa de femicidio y posteriormente fue asesinado frente a la vivienda donde cumplía esa medida. La gravedad de las acusaciones convirtió el expediente en una prueba para el funcionamiento de los tribunales salteños.

Las dificultades comenzaron después de que la jueza Norma Palomo homologara, el 18 de diciembre de 2025, acuerdos de juicio abreviado respecto de otros cuatro imputados en la misma causa. La Fiscalía promovió su apartamiento para preservar la imparcialidad del tribunal que debía juzgar a Parisi. A partir de entonces se sucedieron inhibiciones, recusaciones y nuevas intervenciones judiciales que impidieron avanzar hacia el debate oral.

Los fiscales Daniela Murúa, Mariana Torres y Daniel Espilocín reclamaron una solución mediante presentaciones de pronto despacho realizadas el 7 de abril y el 7 de septiembre de 2026. Ante la persistencia del conflicto procesal, el 28 de septiembre acudieron a la Corte de Justicia. En su presentación advirtieron que la demora perjudicaba la administración de justicia y comprometía el derecho del propio acusado a obtener una sentencia dentro de un plazo razonable.

Un exjuez en libertad y un juicio que sigue sin fecha

El episodio adquirió mayor gravedad institucional cuando, el 26 de octubre, el tribunal dispuso la libertad de Parisi. La Fiscalía solicitó la nulidad de esa decisión y cuestionó que se utilizara la falta de realización del juicio como uno de sus fundamentos. Para los acusadores, resultaba contradictorio que las demoras atribuidas al funcionamiento del tribunal terminaran siendo consideradas al resolver la situación de libertad del imputado.

Los representantes del Ministerio Público también observaron que la orden de libertad fue remitida a las autoridades policiales a las 21.10 del 26 de octubre, sin que previamente se les hubiera notificado la resolución. Además, discutieron la interpretación judicial sobre el cómputo de la prisión preventiva y el arresto domiciliario. La controversia dejó enfrentadas a la Fiscalía y al tribunal sobre cuestiones fundamentales del procedimiento.

El 11 de noviembre, la Sala II de la Corte de Justicia, integrada por Sergio Fabián Vittar, Jorge Martín Diez Villa y Adriana María Rodríguez Faraldo, rechazó la queja por retardo de justicia al comprobar que el apartamiento de Palomo había sido aceptado el 9 de septiembre. Al mismo tiempo, dejó formalmente establecido que el tribunal encargado del juicio estaría integrado por Mariano Facundo Gerónimo, Marcelo Amado Alvarado y Héctor Fernando Mariscal Astigueta. La resolución solucionó la integración, pero no estableció una fecha para el debate oral.

El expediente deja una discusión que excede la situación individual de Parisi. Una causa por presunta corrupción judicial permaneció durante meses atravesada por obstáculos procesales, obligó a los fiscales a recurrir reiteradamente a instancias superiores y llegó a noviembre sin juicio realizado. La conformación definitiva del tribunal permite continuar el proceso, pero no borra las demoras denunciadas ni responde por sí sola una pregunta institucional: ¿por qué fueron necesarios tantos meses para organizar el juzgamiento de quien había ejercido precisamente la función de administrar justicia?

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