(SALTA) – (Por Diego Nofal).- La denuncia periodística contra Pedro García Castiella y el Ministerio Público Fiscal sostiene que las fiscalías a su cargo habrían vendido cargos durante un tiempo prolongado. Esa información fue presentada por un periodista local con datos muy específicos y suficientes para pensar que existirían pruebas certeras sobre el funcionamiento de esa maniobra.
Según lo difundido, en una de las fiscalías se habría entregado un cargo a cambio de una camioneta alta gama, lo que encendió todas las alarmas institucionales. La denuncia movió el avispero judicial y obligó a Pedro García Castiella a salir a dar explicaciones públicas en medios de comunicación, terreno donde el procurador general suele moverse con evidente incomodidad.
En lugar de calmar las aguas, el procurador general apuntó directamente contra el periodista y sostuvo que sería citado a declarar por la denuncia publicada. Además, Pedro García Castiella señaló que él mismo se pondría como querellante en la causa, entre otras cuestiones que resultan de imposible cumplimiento dentro del ordenamiento jurídico vigente.
Pedro García Castiella está a cargo de las fiscalías y del Ministerio Público Fiscal, por lo que no puede ser querellante si se denuncia que en ese organismo se reciben sobornos a cambio de cargos. En realidad, el procurador aparece como acusado en esa causa y su intento de querellar resulta una maniobra poco creíble para cualquier observador atento de la vida institucional salteña.
Pero aparentemente al procurador lo pone muy incómodo sentarse en el banquillo de los acusados y responder preguntas concretas sobre el manejo de los cargos fiscales. El periodista que hizo la denuncia manifestó públicamente tener miedo de aparecer suicidado y recordó varias causas donde acusados o acusadores terminaron quitándose la vida en circunstancias extrañas nunca aclaradas.
La denuncia periodística debería ser investigada con seriedad por organismos independientes y no por autoridades que aparecen comprometidas en el mismo esquema que se pretende esclarecer. La sociedad salteña necesita respuestas claras sobre la venta de cargos en el Ministerio Público Fiscal y sobre el uso político de las fiscalías para amedrentar a quienes denuncian irregularidades.
Pedro García Castiella debe apartarse de la investigación y permitir que la justicia actúe sin presiones sobre una denuncia que involucra directamente a sus propias fiscalías. Mientras no existan respuestas creíbles, la sombra de la corrupción seguirá cubriendo al Ministerio Público Fiscal y la confianza ciudadana continuará deteriorándose día tras día en toda la provincia.









