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Salta

¿Amistad o Miedo? Gustavo Sáenz intercede ante Nación en un dudoso proyecto de cannabis para la familia Romero

Compartimos con nuestros lectores un análisis de la columnista Matilde Serra.

Gustavo Sáenz
Gustavo Sáenz y Juan Carlos Romero en medio de un polémico negocio de plantaciones de cannabis en Salta.

(Por Matilde Serra).- El gobierno de Gustavo Sáenz se parece a una Caja de Pandora, porque nadie sabe qué puede salir de ella y se tiene casi la seguridad de que aquello que emerja traerá males para la sociedad. Pareciera venir a comprobar este aserto una iniciativa generada por el mandatario salteño quien le solicitó a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, la aprobación de un proyecto de investigación sobre cannabis que ocupará una superficie de 240 hectáreas en favor de la familia de Juan Carlos Romero.

La iniciativa que ya fue publicada el pasado 20 de octubre en el Boletín Oficial de la República Argentina plantea más dudas que certezas comenzando por el hecho de que el espacio físico donde se ubicaría el proyecto -latitud: – 26,073°, longitud: -65,978°, y elevación: 1.625 m- se halla a metros de la plaza principal de donde no se sabe a cuáles 240 hectáreas se refieren. O al gobierno de Sáenz le funciona mal el GPS o el ministerio de Salud de la Nación promueve autorizaciones, como se diría en la jerga popular, “a ojo de buen cubero”.

También es una regla que en el gobierno de Sáenz nadie sabe para quién trabaja, así es que en el proyecto que el gobernador promueve con tanto interés ante el Organismo nacional, un dato sugestivo es que la sociedad que llevaría adelante esta manipulación del cannabis está formada según consigna Página 12 por Alberto Paganelli, Diego Glazman –y aquí el dato curioso-, consuegro del senador nacional, Juan Carlos Romero, los cuales otorgan un poder especial a Julio Ricardo Lávaque, director de la sociedad “Finca Quara S.A.”, hermano del marido de la intendente de la Capital de Salta, Bettina Romero, ergo, yerno de Juan Carlos Romero.

Si la casualidad no existe sino la causalidad, a “prima facie”, deberíase concluir que el gobernador, Gustavo Sáenz, estaría actuando como operador de máxima para configurar un negocio más de los que ya tiene ubicados en la zona, a favor de Juan Carlos Romero, quien ahora ingresaría de forma legal en el negocio de “la yerba”, como se caratula al cannabis entre los adictos; dicho esto último, por supuesto, en tono alegórico.

Si desconocido es el sitio exacto donde el proyecto “Cannabis” se desarrollaría, también lo es la participación en el mismo del INTA, que de estar le otorgaría la cuota de seriedad que tan subjetivo cultivo reclama para garantizar de que se trata de un emprendimiento estrictamente emparentado con la salud.

No menos curioso resulta que una iniciativa donde sí participa el INTA junto al Fondo Especial del Tabaco, la Cámara del Tabaco de Salta y el propio gobierno de la provincia en un mix público-privado y que cumple con todas las especificaciones que fuera presentado ante el mismo Ministerio de Salud de la Nación, todavía no ha recibido atención ni aval oficial.

Por donde se lo mire el proyecto que impulsa el gobernador Sáenz carece de todo elemento técnico sustentable; apenas la mención de un responsable técnico –Facundo Dal Borgno- quien sorprendentemente no sabe de qué le están hablando a la hora de ser consultado, casi la misma situación en que se encuentra Juan Pablo Zorrilla, jefe del Programa provincial de Epilepsia del Ministerio de Salud de Salta, figura referencial en el tema cannabis medicinal pero que tampoco tiene idea de qué se trataría todo esto.

En medio de todo este claroscuro propiciado por el gobernador Gustavo Sáenz, sólo algo puede visualizarse como la hipótesis más corpórea y es que se trataría de una gestión oficial para favorecer a un grupo empresario privado donde se mezclan intereses viñateros e inmobiliarios, representados los primeros por la familia Lávaque y los segundos por la familia Romero. Todo esto porque el asunto adolece de toda claridad, hasta de la más elemental, saber dónde se ubicará físicamente.

No es menor la preocupación de los trabajadores de la zona ni del propio senador por Cafayate, Sergio Saldaño, quien anticipó su pedido de informes sobre el tema, ya que lo que puede vislumbrarse sería que en el fondo Sáenz estaría obrando como agente de consolidación de un régimen feudal dominado por estas familias que ya tienen antecedentes negativos en su relación con sus empleados.

Conviene recordar que la Bodega Lávaque debió enfrentar en su momento reclamos laborales que iban desde la no entrega de ropa de trabajo pasando por el pago de sueldos fuera del nomenclador hasta el fraccionamiento de los haberes mensuales en dos partes, cuestión en la que debió intervenir el Ministerio de Trabajo.

Propio de quien se siente un reyezuelo, cuando los trabajadores se cansaron de trabajar gratis y en pésimas condiciones y osaron reclamar, Lávaque, quien funge como esposo de Bettina Romero, habría ejercido presión sobre la Fiscalía de Cafayate para que se ordene reprimir a los “insurrectos”, parece que en el concepto de estos empresarios esa localidad vallista es un territorio aparte donde la Constitución Nacional no tiene jurisdicción. De hecho, a pesar de la orden del Ministerio de Trabajo de efectuar el pago íntegro de los sueldos, la empresa jamás cumplió.

Entonces, con estos antecedentes obrantes que pugnan con lo más elemental de la doctrina peronista, partido al que dice pertenecer Gustavo Sáenz, sin embargo este gobernador interpone sus oficios ante la Nación para beneficiar de manera dudosa –o brumosa- a un grupo cuyo emprendimiento no se sabe dónde estará ubicado y cuya única explotación conocida es la de sus empleados.

En el mito de Pandora, entre todas las adversidades desatadas, también voló una libélula de hermosos colores, era la esperanza. En el caso de esta gestión de Gustavo Sáenz ni siquiera libélula parece haber sino un imponente cuervo negro que gira sobrevolando Salta para ver qué más puede carroñar.

Por Matilde Serra