Considerado culpable junto a otros dos empresarios del mayor saqueo a una obra del Estado Nacional, el ingeniero Jorge Prado podría terminar la semana tras las rejas, algo que pondría contento a muchos vecinos de Aguaray.
Desde el jueves pasado, el ex intendente Jorge “Quique” Prado, el empresario mendocino Diego Alos y el estafador consuetudinario Adrián Vera esperan el tiro de gracia por parte del Tribunal Oral Federal 2, que lleva adelante un extenso juicio en su contra por el robo de caños del Gasoducto GNEA.
Ayer, la defensa de los tres acusados, quienes ya fueron declarados culpables el jueves pasado, adelantaron que apelaran la decisión de culpabilidad dictada en su contra. El más vehemente en hacérselo saber al tribunal, tal vez, fue el abogado Fernando Teseyra, defensor de Jorge Prado.
En su primera oportunidad de hablar, el letrado, quien aludió dirigirse en especial a la opinión pública, fijó posición al sostener que “esta defensa no comparte la decisión arribada por el tribunal y va a recurrirla por la vía que corresponda”.
Casi en los mismos términos, las defensas de Alos, a cargo del abogado Mauricio Cardello y de Vera, representado por la defensora oficial María Julieta Loutayf, sostuvieron que también apelaran el veredicto de culpabilidad dictado contra sus clientes.
No obstante, todos se mostraron dispuestos a enfrentar esta segunda etapa del juicio, consistente nada menos que en evaluar las condiciones personales de los tres acusados culpables para luego determinar la pena que le correspondería a cada uno.
Esta suerte, cabe señalar, está echada ya para Prado, Alos y Vera, pues la escala penal del delito de robo agravado por el cual fueron declarados culpables, tiene una escala penal que va de 5 a 15 años de prisión, números que preocupan más de la cuenta, ya que no se tratan de votos ni la conformación dentro del Concejo Deliberante, sino de una larga temporada encarcelados.
Esta escala surge del delito de robo, el cual está definido en el artículo 164 del Código Penal, con una pena que va de un mes a seis años de cárcel. En este caso, sin embargo, la situación empeora debido a que los jueces le sumaron a la acusación dos agravantes.
Calificación legal
Estas condiciones, casualmente, se encuentran establecidas en el artículo 167, inciso 1 y 2, el cual establece una pena de 3 a 10 años de prisión si el robo se cometiera en banda y en despoblado, a lo cual hay que sumarle el carácter de delito continuado, figura que eleva la escala penal de 5 a 15 años.
En el caso de Vera, la situación se complica aún más, ya que los jueces también lo hallaron responsable del delito de falsificación de documentos públicos, pero este sagaz estafador tiene una carta bajo la manga: se trata de un acuerdo de colaboración con la fiscalía, lo que podría favorecerlo al momento de definir los años de su pena.
Prado y Alos, en cambio, no tienen ningún manto que les permita evitar todo el peso de la Ley. Es más, de la acusación penal que llevó a juicio a los diez acusados, surge un pedido de pena contra el ex intendente de casi el máximo de la escala penal ya mencionada.
En cuanto al empresario mendocino, la pena estipulada inicialmente también supera los 10 años, mientras que Vera aparece beneficiado con una condena de tres años de prisión, producto del acuerdo realizada para ser considerado “imputado colaborador”.
Lo que resta saber es si el tribunal, que fustigo a Vera a diestra y siniestra en el veredicto sobre la responsabilidad penal, va a aceptar los términos de dicho acuerdo, el cual, cabe mencionar, perdió peso debido a que lo declarado no sirvió de mucho, pues los otros siete acusados juzgado, resultaron absueltos.
A todo esto, cabe indicar que los tres acusados gozan actualmente del beneficio de libertad provisoria, condición que podría cambiar una vez que se conozca la cantidad de años que la fiscalía exija en contra de los tres imputados a la hora de pedir las penas que deberán cumplir en prisión.
La incógnita de como terminar el año Jorge Prado y sus dos secuaces se develará recién el jueves a la tarde, cuando el tribunal vuelva a convocar a las partes para escuchar el pedido de penas, deliberar y cerrar el juicio con las penas para los tres acusados.
Para que el final sea lo menos doloroso, ayer el defensor del ex intendente presentó dos testigos de concepto, quienes declararon y hablaron maravillas de Prado, aunque no llegaron a conmover ni aportar algún dato contundente sobre la vida del ex jefe comunal.
La defensa de Vera, por su parte, presentó a un perito que se refirió al informe ambiental realizado en torno al joven empresario, quien, a diferencia del resto de los acusados, espera que el debate se extienda lo más posible, caso contrario deberá regresar a su celda en la comisaria 45 de Tartagal.
Cabe señalar que Vera, el más odiado en Aguaray, tiene pendientes numerosas denuncias en su contra por el delito de fraude ante la justicia provincial, donde dejó un tendal de vecinos estafados cuando llevaban adelante el robo de caños del Gasoducto GNEA, obra que, según la querella, causó un perjuicio estimado de 5 millones de dólares.
Para Prado, quien supo comer de las mieses del voto popular y el reconocimiento, entre ellos por ser el intendente más joven en asumir en todo el país, con 31 años, ahora vive sobre el filo de la navaja, pues el escándalo de los caños robados podría ser el fin de una era dorada.
