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Policiales

Robo de caños: pidieron penas de 8 y 10 años para Prado y 7 para Alos y Vera, pero aún no hay veredicto

En lo que se creía la última audiencia de juicio por el robo de caños, ayer a la tarde, la fiscalía pidió 8 años de prisión para el ex intendente de Aguaray, mientras la querella exigió dos más debido al cargo que ocupaba Prado.

Gasoducto
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 Tal como lo había adelantado El Intra, Jorge Enrique Prado recibió un pedido de pena elevado de 8 años de cárcel por parte de la fiscalía y 10 años, de parte de la querella, representante de la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), contratista del Gasoducto GNEA por el robo de caños. De esta manera, la suerte quedó echada para el ex intendente de Aguaray, quien siguió la audiencia por video conferencia, esta vez sin encender demasiado la cámara, tal vez para que no queden en evidencia sus gestos, cuando la fiscalía pida la pena en su contra.

Algo similar sucedió con el empresario mendocino Diego Alos y con Adrián Vera, el joven estafador que fungió de brazo ejecutor en el robo de caños en el paraje El Desemboque, en el departamento Rivadavia. Para ambos el fiscal general Eduardo Villalba solicitó una pena de 7 años de prisión.

Los pedidos realizados por el fiscal, por supuesto, no era los que esperaban los acusados, cuyos defensores rechazaron esos requerimientos y propusieron a cambio pena mínimas, en el caso de Vera, de 2 años de prisión domiciliaria, beneficio que goza desde el 14 de octubre del 2020, cuando se formalizó un convenio de colaboración con la fiscalía.

Los abogados Fernando Teseyra, por Jorge Enrique Prado y Mauricio Cardello, por Diego Alos, en tanto, solicitaron que sus respectivos clientes sean condenados a la pena mínima de 5 años de prisión. Como así también dejaron en claro que sus clientes no irán presos hasta que la sentencia quede firme.

La defensora oficial de Orán Julieta Loutayf, fue otra de las que insistió en que Adrián Vera, su defendido, siga libre, aunque sabemos que no lo está. Pues está bajo arresto por otras numerosas estafas cometidas cuando llevó adelante el robo de los caños. En este caso, el fiscal contradijo a la defensora y solicitó a los jueces que Vera quede con prisión preventiva hasta que se resuelvan las apelaciones defensivas, pues este hábil estafador se la ingenió para evadir la justicia por varios meses hasta que finalmente fue detenido el 23 de agosto de 2020, cuando robaba caños de una red de gas, en el partido bonaerense de San Vicente.

Sin contemplaciones

Este pedido encendió el reproche de la defensa. La cual insistió en mostrar a Adrián Vera como el único de los implicados que prestó colaboración para el esclarecimiento del robo de caños, una maniobra que, al parecer, estaba en auge en el norte salteño.

La fiscalía, sin embargo, no tuvo contemplaciones y mantuvo el pedido para que Adrián Vera sea condenado a 7 años de prisión y que quede tras las rejas. Es que insistió en que existe grandes riesgos de que se dé a la fuga, recordándole a los jueces que este supuesto empresario nunca se puso a derecho, como el resto de los acusados.

Como lo adelantó este medio, la escala penal con que se midieron los pedidos de pena fue la de 5 a 15 años de prisión, establecida para el delito de robo agravado, el cual fue establecido por el tribunal cuando dio a conocer su fallo de culpabilidad. Desde que comenzó, el 24 de junio pasado, el desenlace del juicio todavía se hace esperar. Y, a decir verdad, aún habrá que aguardar una semana más, pues los jueces anoche dijeron que se hicieron muchos planteos, así que es necesario tomarse un tiempo para analizar todo y avanzar luego con la deliberación.

Sin dudas, el saqueo de caños en el Gasoducto GNEA es el mayor acto de corrupción a partir de una obra del Estado, hecho que fue resaltado ayer por la fiscalía, la que recordó que nuestro país suscribió un compromiso a través de tratados internacionales para combatir esta clase de delitos. Así que se espera que el tribunal dicte una pena ejemplificadora, para de esa manera aleccionar a los funcionarios públicos que gustan de echar mano de los bienes ajenos, o bien, hacer gestiones para delinquir con la complicidad de otros cómplices externos.