Dicen que “no hay dos sin tres”, un dicho que podría hacerse realidad muy pronto para Verónica Molina, cuando la justicia federal vuelva a citarla para otra audiencia de imputación, nuevamente por delitos contra la administración pública. Molina, de profesión abogada, es una acérrima militante de la agrupación kirchnerista La Cámpora, la que retribuyó su devoción con el cargo de directora del PAMI de Salta, el que asumió a mediados de enero del año 2020, mientras otro dirigente camporista, Diego Albornoz, fue designado en el cargo de coordinador ejecutivo de ese organismo.
La llegada de Verónica Molina, sin embargo y lejos de ser un acto de justicia social, fue un movimiento estratégico de fieles que, al parecer, llegaron solamente para ser funcionales a las directivas de los altos mandos de esa agrupación política, incluso si se trata de maniobras irregulares o que, al menos, rozan lo delictivo. En ese escenario, de pronto la llegada de la pandemia del coronavirus, seguida de la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), fungieron como el caldo de cultivo ideal para que algunas “cosas raras” comenzaran a suceder, tanto en el PAMI de Salta como en la ANSES.
Así, y a los pocos meses de pagarse el IFE, saltó el primer escándalo, cuando al cruzar los datos personales de algunos funcionarios públicos con la lista de beneficiarios de este aporte extra destinado a personas sin trabajo formal, se descubrió a más de 50 que no les correspondía, pero igualmente lo cobraron. En este caso, el escándalo alcanzó a gran parte del sector político y llegó a la ANSES, donde Marcos Vera quedó en el ojo de la tormenta al conocerse que el director de ese organismo, también procedente del riñón de La Cámpora, era uno de los que había intentado cobrar ese dinero extra.
Aportes ilegales
Más tarde, se descubrió que no fue el único, pues había otros tres gerentes del PAMI, de Orán, Embarcación y El Carril, quienes también estaban dentro del lista de funcionarios que cobraron el IFE, razón por la cual no sólo se le abrió una causa penal, sino que fueron llevados a juicio por el fiscal federal Ricardo Toranzos, quien, de a poco, se erigió como el combatiente de estos hechos de corrupción.
Lo llamativo fue que, al tirar de la punta del ovillo, el fiscal descubrió que no sólo había cobros indebidos del IFE, sino también existía una bolsa clandestina de dinero, la cual tenía nada menos que a Molina y Vera como los principales referentes.
Esta hipótesis fue confirmada nada menos que por dos de las gerentes del PAMI que fueron juzgadas por cobrar el IFE. Se trata de Viviana Fernández, de la agencia Orán y Emilia Juárez de El Carril, quienes prendieron el ventilador y dijeron a los cuatro vientos que Molina y Vera los obligaban a los jefes subalternos a entregar el 20 % de sus sueldos a la organización de La Cámpora.
Esta revelación, en realidad, no era nueva para el fiscal Toranzos, quien ya había iniciado una investigación penal dentro del PAMI, la que quedó develada en agosto pasado, cuando solicitó el primer allanamiento en las oficinas dirigidas por Molina.
Dos meses después, el 21 de octubre, la directora y Vera fueron citados en el juzgado federal, donde fueron imputados por los delitos de concusión agravada, malversación de caudales y peculado, acusación que no sólo se limitó a la orden de aportar el 20 % del sueldo, sino también al uso indebido de bienes donados al PAMI.
Es que, paralelamente, Toranzos investigaba también la entrega de pavas eléctricas que hacía el candidato a concejal de la capital salteña por el Frente de Todos, Fernando Duarte, vinculado con “La Cámpora”. El interés del fiscal no fue por las promesas de campaña, sino porque esos electrodomésticos eran parte de una donación realizada al PAMI por la Dirección General de Aduanas.
Los bienes estaban dirigidos a 1.500 afiliados en situación de vulnerabilidad, condición que no se cumplió, pues se utilizaron a discreción del aparato partidario camporista, en este caso para fomentar la campaña de Duarte, quien, a propósito, no logró ingresar al Concejo Deliberante.
Licitaciones
Ayer, a casi dos meses de esa imputación penal escandalosa, Toranzos volvió a la carga contra el PAMI. Como en los casos anteriores fue por investigaciones de fraude, esta vez vinculadas a una serie de licitaciones que siempre salían a favor de un mismo proveedor, y amigo de Molina y otros camporistas.
De acuerdo a lo trascendido, la investigación que se lleva adelante tendría como sospechosos a dos empleados, quienes estarían implicados en los trámites de varias licitaciones que eran direccionadas hacia un mismo empresario, lo que llamó la atención.
También se dijo que una de las contrataciones investigadas, al parecer, tendría relación con una fiesta que, casualmente, estaba programada para fin de año, pero que ahora fue suspendida, al parecer, debido a los rumores internos sobre el favoritismo con el mismo proveedor.
Para verificar las sospechas, Toranzos mandó a allanar las oficinas de Molina, lo que sucedió en paralelo a un reclamo de integrantes del Movimiento Popular Argentino, quienes piden la intervención del organismo y denunciaron la mala atención a los jubilados.
Resulta que los manifestantes, entre ellos Marcos Rivadeneira, se presentaron en las oficinas casi en simultáneo con un grupo de efectivos de la Delegación Salta de la Policía Federal local, quienes habían ido para secuestrar papeles vinculados a estas licitaciones sospechadas.
“Como organización venimos a pedir la intervención. Tuvimos una reunión con el encargado de atención porque la señora Molina está ocupada y planteamos los pedidos de los afiliados y la falta de atención en las clínicas”, dijo Rivadeneira, sin saber que la directora no los atendió personalmente porque estaba ocupada con los requerimientos de la fiscalía federal.
Aunque no se dijo más nada del allanamiento, no se descarta que en algunos días más, Verónica Molina vuelva a ser citada por la fiscalía, la que tendría en el horno una tercera imputación penal contra la directora por delitos en perjuicio de la Administración Pública.
