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Salta

Denuncias, escándalo y arrestos en la Cámara de Diputados de Salta: un polémico silencio

El Ministerio Público Fiscal dio por cerrado el caso de las abogadas atrincheradas en la Cámara de Diputados de Salta.

Diputados de Salta
Cámara de Diputados de Salta.
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La Honorable Cámara de Diputados de Salta se convirtió en el escenario de un insólito episodio que incluyó denuncias de irregularidades, supuestos despidos, atrincheramiento y la detención de dos personas. El dramático suceso que involucró a la Policía, personal de Bomberos y un mediadior judicial concluyó sin denuncias formales pero muchas dudas al respecto. Una de las abogadas que se encerraron en una oficina del recinto fue contundente ante el fiscal del caso: «No confiaba en la justicia”. El motivo del escándalo serían graves irregulares administrativas por parte de las autoridades en nombramientos y cesantías.

De esta manera, tras varios días del atrincheramiento que sacudió a la Cámara de Diputados de Salta se revelaron algunos detalles «oficiales» que dejan más dudas. El Ministerio Público Fiscal de la Provincia difundió este viernes un comunicado sobre la declaración de las mujeres que se encerraron en un despacho de la Legislatura de Salta ubicada en la calle Rivadavia 747. Cabe recordar que el fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, intervino en la causa que rápidamente generó fuerte polémica porque la mujer se encerró en un bálcon ante su supuesto despido sin motivo.

Se trata de la exjefa del Área Jurídica de la Cámara de Diputados de Salta y de una colaboradora, quienes habrían impedido la toma de posesión de las nuevas autoridades, según aseguró el organismo sobre las implicadas en el caso. Como consecuencia, el fiscal Ramos Ossorio imputó «provisionalmente» a las mujeres por los delitos de «turbación de la posesión y obstrucción de acto funcional». El dato no menor es que las mujeres terminaron con arresto domiciliario.

En este mismo sentido, el funcionario describió que las letradas: «Habrían impedido el ingreso a oficinas y documentos pertenecientes al área legal del Poder Legislativo, como así también el acceso a los documentos y registros obrantes en dicho sector, a las nuevas autoridades asignadas por las autoridades electas». Durante la audiencia de imputación celebrada el miércoles, las empleadas asistidas por sus respectivas defensas, optaron por declarar y dieron su versión de los polémicos hechos.

Denuncias y acusaciones solo informales

La intervención del fiscal se produjo luego de que las autoridades del organismo legislativo convocaran a personal de la Policía. Según precisó el funcionario , en la mañana del martes: «La primera de las acusadas fue citada por la Presidencia de la Cámara de Diputados y se negó a asistir». En este punto cabe mencionar que la empleada habría acusado presuntos nombramientos irregulares y cesantías direccionadas por parte del presidente del recino, Esteban «Tuti» Amat, y en favor del legislador saliente, Santiago «Indio» Godoy.

Sin embargo, todo esto quedó sin acciones judiciales: «Durante el atrincheramiento, inicialmente la mujer dialogó con una auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal 2, quien asistió al lugar a tomarle denuncia por supuestas irregularidades, porque así lo había pedido la ahora imputada, quien luego dijo que ‘no denunciaría nada porque no confiaba en la justicia’, por lo que no fue radicada una denuncia formal antes, durante, ni después del hecho investigado».

Además, la mujer dialogó con un mediador y se aproximó el Secretario Legislativo de la Cámara de Diputados para realizar un inventario, a quien no le permitió el ingreso. «Momentos después, fueron advertidos intentos de pasar colchones y otros elementos por el balcón de la oficina, algunos de ellos susceptibles de producir fuego», revelaron sobre la escena sin precedentes. «Al no producirse avances en el diálogo, fue solicitada la detención de ambas mujeres, medida que fue posteriormente ordenada por el Juzgado de Garantías 2», apuntó el organismo.

Previamente, aseguran que le solicitaron al Presidente de la Cámara de Diputados de Salta el ingreso de personal policial del GOPAR, de Bomberos y del SAMEC, con asistencia psicológica y psiquiátrica para ambas mujeres. «Sobre el caso, el fiscal precisó que según las testimoniales obtenidas, la mujer no fue cesanteada, sino removida de la jefatura del Área Jurídica, ya que forma parte de la planta permanente y seguirá afectada al servicio, concluyeron.

De esta manera, desde el Ministerio Público Fiscal dieron por cerrado el caso de las abogadas atrincheradas sin anticipar otras medidas de investigación sobre las graves acusaciones y denuncias que habrían realizado las empleadas principalmente contra Esteban Amat y Santiago Godoy.