Si en el Poder Judicial de Salta se esperaba un buen comienzo de año, eso no sucedió, pues la semana arrancó mal con la suspensión del juicio por el crimen de la docente Sandra Palomo, programado para el jueves pasado, traspié que le fue endilgado al Tribunal de Impugnación por demorar la resolución de un planteo presentado por la querella.
Aunque esto pasó casi desapercibido, el miércoles se conoció públicamente un extenso fallo dictado por la jueza del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos de 3ª Nominación del Distrito Judicial del Centro, Lucía Brandan Valy, quien acertó un duro golpe al seno del Consejo de la Magistratura de Salta y al gobernador Gustavo Sáenz.
Las esquirlas por esta resolución no sólo alcanzaron a las autoridades de ese organismo, sino también al mismo gobernador de la provincia Gustavo Sáenz, quien el 27 de diciembre del año pasado había remitido al Senado provincial el pliego de dos candidatos a cubrir los cargos de jueces en la Sala II y IV del Tribunal de Impugnación.
Sus elegidos fueron la jueza de Garantías María Edith Rodríguez y el fiscal de Impugnación Guillermo Akemeier, cuyos pliegos ahora deberá regresar al Poder Ejecutivo a la espera de que los concursos 272 y 285, cuestionados mediante un recurso de amparo por el concursante y juez de Garantías Ignacio Colombo, sean resueltos de acuerdo a lo ordenado por la jueza Brandan Valy.
Si desde el gobierno se sabía que ambos concursos arrastraban problemas, no cabe dudas, pues las denuncias por irregularidades, tanto en esos dos concursos y otros dos más, se hicieron públicas y sumió al Consejo de la Magistratura en un nuevo escándalo por procesos amañados.
Incluso se hizo público el recurso de amparo planteado por Colombo, quien se quejó por una baja puntuación y porque desde el Consejo no se le informó cuáles fueron los criterios de evaluación y también porque en uno de los concursos, el 285, se llevó adelante sin la conformación correcta del jurado, lo que derivó en un tiroteo entre el magistrado y el organismo.
Falto asesoramiento
Pese a ello, el Consejo avanzó con los dos concursos y conformó las dos ternas, en las cuales estaban los dos postulantes elegidos por Sáenz, quien, al parecer, con información errónea decidió la postulación de ambos candidatos, sin que prime ningún consejo de esperar a la resolución del amparo para evitar quedar pegado ante un fallo adverso, lo que finalmente sucedió.
Pero estos no fueron los únicos postulantes que el gobernador remitió al Senado para el proceso de acuerdos, sino también propuso al juez de juicio Federico Javier Armiñana Dorhman y el fiscal penal Ezequiel Molinati como vocales 2 y 3 en la Sala IV del Tribunal de Impugnación.
Aunque la jueza Brandan Valy nada dijo sobre estos otros dos concursos, los 289 y 290, cuando estalló el escándalo en diciembre pasado, las denuncias también alcanzaron a estos dos procesos, aunque nadie realizó un planteo legal al respecto.
En tal sentido, se espera que el Senado avance con estas dos postulaciones, la de Armiñana Dohorman y Molinati, quienes podrían coronar su ansiado ascenso, en especial el fiscal penal, quien apenas tiene poco más de un año de haber ingresado al ámbito judicial de la provincia.
Las irregularidades
Según el fallo de la jueza Brandan Valy, los dos concursos cuestionados, el 272 y 285, deberán retrotraerse a las instancias en que interpuso el amparo, o sea, al momento en que se realizó el examen escrito, aunque se desconoce si esa prueba deberá hacerse nuevamente, o bien, realizar una nueva corrección.
Al respecto, el juez Colombo, al presentar el amparo, había pedido que se publiquen los exámenes de todos los concursantes y que se haga una nueva evaluación del suyo, sin embargo, la jueza evitó inmiscuirse en tales asuntos, más propios del seno del Consejo y se limitó a resolver las nulidades advertidas.
Básicamente, en su recurso, Colombo se quejó porque desde el Consejo no se informó o respondió respecto a los criterios de evaluación de su examen ni a su pedido de suspensión del concurso hasta que se resuelva su caso. Sobre ello, la jueza Brandan Valy sostuvo que el pedido de Colombo “permaneció sin ser evacuado” por parte del Consejo.
“Correspondía, por un lado, fundamentar el acto de asignación del puntaje de la evaluación escrita y por otro, pronunciarse motivadamente con relación a aquellas peticiones fundadas que interpuso el postulante”, sin embargo, el Consejo incumplió con su obligación de dar una respuesta motivada.
En vista de ello, Brandán Valy concluyó en que “los vicios e irregularidades en la causa o motivo del acto administrativo afectan su validez, porque se trata de una falla de un elemento esencial del acto, éste deviene nulo, pues tal omisión implica un defecto grave e insubsanable”.
En el caso del concurso 285, la irregularidad denunciada fue aún más evidente, pues el Consejo de la Magistratura no estuvo integrado conforme a lo prescrito por el artículo 157 de la Constitución de Salta, ya que la consejera titular en representación del Ministerio Público se excusó y su suplente había renunciado.
Para la jueza, entonces, el Ministerio Público “careció de representación en el proceso de selección”, lo cual resulta inadmisible. “Frente a la ausencia de representantes del estamento Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura debió suspender el trámite del proceso hasta tanto se designe a los nuevos representantes”, lo cual no sucedió.
