El Gobierno de la Provincia de Salta anunció este viernes que junto al Ministerio Público Fiscal de Salta “unen esfuerzos para desarticular la tala ilegal“. Mientras que desde la Procuración apunta que “genera nuevas estrategias contra la deforestación”. Sin embargo, a pesar de que los desmontes ilegales en Salta son una problemática muy delicada, la gestión de Gustavo Sáenz quedó varias veces en la mira por habilitar a empresas para la destrucción de espacios naturales.
“A partir del 1 de marzo entrará en vigencia el Registro Único de delitos, contravenciones e infracciones ambientales vinculadas a la tala, explotación, aprovechamiento y comercialización de productos de Bosques Nativos“, prometió este 11 de febrero el Gobierno de la Provincia. Y desde el Ministerio Público Fiscal describieron que se trata de “un importante convenio que establece la creación de una Mesa de Enlace y del Programa Estratégico Integral de Control Forestal“.
Este acuerdo lleno de promesas de las autoridades lo rubricaron el procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, y el secretario de Ambiente, Alejandro Aldazabal. Mientras que el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín De los Ríos, señaló que combatir la tala ilegal es “una tarea necesaria, urgente e imprescindible”. “Nosotros tenemos muchas hectáreas bajo el dominio de comunidades originarias, tenemos guías forestales simplificadas para hermanos originarios”, planteó. No obstante, evitó mencionar que el gobierno habilitó a varias empresas para que desmonten de más de 28.000 hectáreas en un mes.
Según explicaron de esta “Mesa de Enlace”, el objetivo central sería: “La aplicación de un criterio unificado para la selección, carga y administración de datos referidos al control forestal en todo el territorio provincial”. Esta base de datos, prometen desde el Gobierno de Salta y la Procuración: “Posibilitará la planificación de acciones concretas de protección y represión en favor del ambiente y de las poblaciones, tanto aborígenes como criollas”. Cabe mencionar que la “Mesa de Enlace” tendría la participación “en forma oportuna”, de la Policía Federal Argentina como Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad de la Provincia.
El alerta de Greenpeace
Por otra parte, como bien informó El Intra, el año pasado Greenpeace alertó en varias oportunidades la falta de control sobre los desmontes ilegales en Salta y señalaban directamente a Gustavo Sáenz. “En poco más de un mes, el gobierno de Salta convocó a audiencias públicas para habilitar desmontes en siete fincas por un total de 28.311 hectáreas, una superficie equivalente a una vez y media ciudad de Buenos Aires”, habían alertado sobre la modalidad de legalización de la tala de espacios naturaltes.
Según los monitoreos de deforestación que realiza la ONG internacional con imágenes satelitales, solo durante el año 2020 se habrían talado en la provincia 20.962 hectáreas. “Con la deforestación actual podríamos estar preparando el escenario de futuras pandemias de origen zoonótico, además de empobrecer la calidad de vida de todos. La actitud del gobierno de Salta es completamente ilegal e irresponsable”, advirtió en aquel momento Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Por su parte, el Gobierno Provincial aseguró esta jornada que “continúa ejecutando acciones para proteger los Bosques Nativos”. En esa línea, tras dos años con manifestaciones contra la gestión de Sáenz por parte de ambientalistas, aseguran que “las medidas tomadas lograron disminuir en un 41% los cambios de uso de suelo ilegales”. “Sin embargo, la tala y comercialización ilegal ponen en serio peligro al bosque nativo en tanto ecosistema, afectando en particular a la zona noreste de nuestra Provincia”, confesaron desde la cartera conducida por De los Ríos.
La condena internacional por los desmontes
Por último debemos mencionar la postura del Ministerio Público Fiscal de Salta sobre este contexto de emergencia ambiental. “Tanto la tala indiscriminada como la comercialización ilegal de productos forestales continúa siendo uno de los problemas más acuciantes en materia ambiental, económica y social”, apuntó el organismo este viernes. Sin embargo, lejos de criticar a Gustavo Sáenz, defendieron que esta crisis tiene lugar “pese a los esfuerzos de conservación realizados por el Estado Provincial”.
Para ejemplificar la gravedad de esta situación recordaron que a principios de 2020, tanto Argentina como la Provincia de Salta fueron condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat vs Argentina”. En este caso ordenaron “elevarse los estándares de protección en diversas materias vinculadas al reconocimiento de la personería de los pueblos originarios, al derecho a la propiedad comunitaria, al acceso al agua y la alimentación, a las garantías judiciales y a la protección de bosques nativos, entre otros temas”.
“Las actividades ilícitas ponen en serio peligro al bosque nativo y a diversas especies animales y vegetales; afectan gravemente al sector productivo que desarrolla su actividad forestal de acuerdo a la normativa vigente y perjudica especialmente a las comunidades originarias y criollas cuya subsistencia depende del bosque, lo que origina múltiples problemas económicos y sociales”, remarcó el organismo conducido por Pedro García Castiella sin critica a la gestión provincial.
