El escándalo estallado en julio de 2020 a partir de un informe periodístico que dejó al descubierto a 50 funcionarios públicos, la mayoría concejales, que se habían postulados para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), sigue dando que hablar.
Ahora la novedad gira en torno a un segundo juicio oral y público, esta vez iniciado contra 8 exconcejales de distintas localidades del interior de la provincia. El debate se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal 1, bajo la presidencia del juez Marcelo Juárez Almaraz.
En el primer debate por estos delitos, realizado en agosto pasado, el mismo tribunal condenó a Viviana Fernández y Javier Navarreta, ex gerentes de las agencias del PAMI en las localidades de Orán y Embarcación, a la pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los acusados, ahora, son el concejal Héctor Sebastián Cari, quien insólitamente logró ser reelecto en Guachipas, pese a que sus mismos electores lo denunciaron cuando lo vieron hacer fila en la sucursal del correo para cobrar los 10 mil pesos del IFE, subsidio social que implementado por el gobierno nacional tras la declaración de la pandemia por el COVID-19.
A través del frente Salta para todos, que contó con el apoyo del gobernador Gustavo Saenz, este concejal, del Partido Kolina, fue uno de los primeros en ser escrachados por cobrar el IFE, incluso la justicia provincial inició en su contra un proceso penal que luego, por una cuestión de competencia, quedó en manos del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Federal Salta.
La lista de acusados sigue con Paola Cantarella, quien también logró retener su banca como concejal en Pichanal, de la mano del mismo frente Salta para Todos; Jesús Cuellar, otro reelecto concejal en Urundel, en este caso a través del Unidos por Salta.
Gabriela Cazón, ex concejal de la localidad de Aguas Blancas, completa la lista del lote de acusados por los delitos de defraudación a la Administración Pública e incumplimiento de deberes de funcionario, en calidad de autores, todos con un pedido de pena de 3 años de prisión condicional.
Otros acusados
Osvaldo Reynaga, ex concejal de San Lorenzo, en tanto, enfrenta los mismos delitos, pero en grado de tentativa. Finalmente, Julio Pedro Laxi, Santos Palma y Nicolasa Maras, quienes eran ediles en Animaná, Rivadavia Banda Norte y Los Toldos, solo son juzgados por incumplimiento de deberes de funcionario, pues no llegaron a percibir el IFE, aunque sí lo tramitaron para cobrarlo.
Según lo informado, el juicio comenzó el alegato de apertura por parte del fiscal Ricardo Toranzos, quien adelantó que apunta a probar que, al momento del hecho, los concejales solicitaron ser beneficiarios del IFE. Sostuvo que, en el caso de Cantarella, la misma tramitó el cobro de ese subsidio el 30 de marzo de 2020, sabiendo que el decreto de N°310 del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se puso en marcha el subsidio, impedía que los funcionarios públicos se postulen para cobrar esa ayuda excepcional, establecida en la suma de 10 mil pesos.
En los primeros testimonios, se mencionó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acreditó el beneficio a Cantarella en su cuenta sueldo del banco Macro el 13 de julio de ese año. Con respecto a Cari, se indicó que el acusado, edil de Guachipas, repitió la misma maniobra y percibió una cuota del IFE. A Cuellar, en tanto, el beneficio le fue acreditado dos veces, al igual que Cazón.
Al respecto, el fiscal afirmó que las pautas de incompatibilidades para los postulantes estaban claramente establecidas en el decreto de implementación, en el que se aclaró que el ingreso de datos, al momento de solicitar el beneficio, tenía carácter de declaración jurada.
Asimismo, resaltó que el subsidio había sido implementado para ayudar a las personas que no tenían relación de dependencia, las más vulnerables ante la medida de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, impuesta para prevenir la ola de contagios en la población.
Sobre Reynaga, Laxi, Maras y Palma, dijo que la situación es diferente, ya que se aprovecharon de una situación irregular, como la de ser beneficiarios der la Asignación Universal por Hijo (AUH), para percibir el IFE ilegalmente.
Explicó que los acusados, con su accionar, hicieron incurrir en error a la ANSES, organismo que ante la premura de poner la ayuda social lo más rápido posible, dispuso que aquellos ciudadanos que ya percibían beneficios sociales, como la AUH, perciban el IFE de manera automática.
En virtud de ello, algunos de los acusados se vieron favorecidos por esta decisión, sin embargo y por su condición de funcionarios electos debieron corregir de inmediato tal situación, lo que no sucedió, con excepción de Cari, que devolvió el dinero cobrado ilegalmente.
Testimoniales
Destacó también que, al tratarse de funcionarios elegidos por el voto popular, los exconcejales tenían el deber de cuidar y velar por los bienes pertenecientes al Estado, premisa también establecida por el Código de Ética de la Función Pública, en el cual estaban comprendidos.
Formalizada la acusación, el juez dio paso a los testigos, pues ninguno de los acusados aceptó declarar. Los primeros en hacerlo, fueron funcionarios de la ANSES, tanto en el orden nacional como local, y a un asesor legal del Banco Macro.
En sus declaraciones, la mayoría de ellos, confirmaron los trámites realizados por los acusados para el cobro del IFE y recalcaron los requisitos de admisibilidad para percibir tal beneficio, condiciones que los acusados no poseían.
Susana Aramayo, ex directora local de ese organismo, ratificó los cobros ilegales y sostuvo que ante el escándalo suscitado quiso denunciar en la fiscalía federal lo ocurrido, razón por la cual fue objeto de hostigamiento interno dentro de la ANSES, en especial por parte de la escala superior.
Sheila Borzani, coordinadora de Asuntos Penales de la ANSES, dio detalles de las gestiones y el cobro del IFE por parte de los acusados y acusadas. Por ejemplo, aportó los números de IP de las computadoras desde donde solicitaron percibir ese beneficio.
Dijo que quienes lo percibieron de manera irregular recibían una carta documento con un plazo de 10 días para devolver el dinero, para finalmente señalar que desde la ANSES se radicaron alrededor de mil denuncias penales por el cobro ilegal de este beneficio.
