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Policiales

Imputan a jefe de Gendarmería y a un sargento por el millonario robo en Orán, pero del botín nada

Un comandante, que demoró en denunciar el hecho, y un sargento, que había pedido una foto de la caja fuerte saqueada, serían los responsables del escandaloso robo. Ambos seguirán presos.

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ORÁN (Salta).- Después de una semana de que tomara estado público el robo de más de 7 millones de pesos del Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional, la justicia federal imputó al comandante Mariano González Craham, Segundo Jefe de esa unidad y a un sargento que, al otro día del hecho, viajó a Buenos Aires, presuntamente, con el botín.

Aunque se trató de un robo de gran envergadura, al comandante y el sargento Carlos Humberto se les imputó el delito de hurto calificado agravado por su calidad de miembro de una fuerza de seguridad, el cual tiene una escala penal que va de 1 a 6 años de prisión, por lo que la condena que podrían recibir sería de ejecución condicional.

Pese a ello, ambos quedaron privados de la libertad. Y ello, según lo informado, se debió a un pedido expreso del fiscal de Orán, José Luis Bruno, quien justificó su pedido en una serie de diligencias investigativas aún pendientes, las que podrían ser entorpecidas si los acusados quedan en libertad.

El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, hizo lugar a la imputación y al pedido de prisión preventiva. En su acusación, el fiscal Bruno junto a la auxiliar fiscal Rosana Gual, de la Unidad Fiscal Salta, afirmaron tener pruebas suficientes en contra de ambos acusados.

Según los fiscales, el comandante fue partícipe necesario del robo, mientras que Ibáñez tuvo a su cargo la autoría material del ilícito, el cual se habría producido el 26 de febrero pasado dentro del despacho de González Craham, quien estaba a cargo de la Jefatura del escuadrón, puesto que su superior estaba de licencia.

González Craham, quien lleva cuatro años como comandante, fue designado como jefe este año. Bajo su resguardo, tenía una suma de más de 7 millones de pesos, 11 teléfonos, 28 módulos de celulares, 72 sobres con repuestos, dos discos rígidos y una cantidad de $40.000 pertenecientes al Tesoro del Casino de Oficiales.

Indicaron que, pese a haber advertido problemas con la cerradura de la puerta de ingreso y de la caja fuerte cinco días antes, el comandante demoró hasta el tres de marzo para convocar a un cerrajero, fecha en que recién dio a conocer el robo.

Contradicciones

También se resaltó ciertas inconsistencias en lo declarado por González Craham respecto al robo. En una de ellas, dijo que el cerrajero afirmó que las cerraduras habían sido violentadas, lo que fue negado por el operario. Incluso, agregó que le llamó la atención ver al comandante con guantes de látex colocados en sus manos, cuando llegó a su oficina.

Por otra parte, mencionó que, al abrir la cerradura de la caja, González Craham miró hacia su interior y gritó que fue un robo, como si ya conociera de antemano que no había nada. A esto, la fiscalía agregó otras circunstancias que develaron una conducta desaprensiva del acusado respecto al resguardo de los valores sustraídos, entre ellos el haber dejado la llave de la puerta puesta, lo que fue testificado por un gendarme de guardia que tomó foto de tal situación.

En cuanto a Ibáñez, la fiscalía dijo que el sargento viajó a Buenos Aires al otro día de que se denunció el robo, como así también presentó un audio enviado por el acusado a otro gendarme del mismo escuadrón, por medio del cual le pedía una foto de la caja fuerte saqueada.

Además, recordó que el suboficial fue investigado tiempo atrás por la desaparición de armas ocurrido en esa misma dependencia, oportunidad en la que también se fue de viaje apenas se formalizó la denuncia del robo, lo que fue otro escándalo.

Con estos argumentos, los fiscales llegaron a la conclusión de que Ibáñez habría sido el autor material del robo, mientras que González Craham se encargó de allanarle el camino y, una vez cometido el hecho, demoró en hacer la denuncia dándole así al sargento la cobertura para ocultar el botín, aún no recuperado.

Luego, se hizo alusión a las diligencias llevadas adelante, tanto por esa sede fiscal como la que tiene asiento en Tartagal, donde se adoptaron las primeras medidas de investigación. Mencionaron los allanamientos de las casas de los acusados y otros sospechosos, la detención de ambos acusados y el secuestro de teléfonos celulares y otros elementos de interés para el caso.

En la cárcel

Tras formalizar la imputación, pidieron que los imputados permanezcan en prisión preventiva, la que fue fundada en el riesgo de fuga, dada la facilidad que tendrían los mismos, por su función, para acceder a paso no habilitados en la frontera con Bolivia.

Para ello, resaltaron el peligro de entorpecimiento de las diligencias investigativas pendientes por parte de la fiscalía, lo que podría suceder en caso de que ambos acusados queden en libertad, ya que, por sus rangos y preeminencia entre los gendarmes del escuadrón, es muy probable que influyan para perjudicar tales medidas.

Desde las defensas de ambos imputados, en tanto, se solicitó la libertad de sus defendidos por entender que los fundamentos de riesgos de fuga y entorpecimiento no proceden, tanto por la buena conducta procesal de los mismos y por el hecho de que ya se habrían realizado todas las diligencias procesales aludidas por el MPF.

Al momento de resolver, el juez Montoya dio por formalizada la acusación penal instada por la fiscalía, como así también hizo lugar al pedido de prisión preventiva de ambos acusados, la que se cumplirá en el Complejo Penitenciario Federal NOA III.