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Defensora Nacional exigió medidas urgentes para atender las necesidades en las comunidades aborígenes de Salta

La habilitación de un número de urgencia en una zona donde no hay conectividad, según afirmó, no representa ninguna solución.

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SALTA.- Marisa Graham, la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación y a la vez impulsora de un recurso de amparo colectivo, planteo que el 4 de marzo obtuvo un fallo favorable de la Corte de Justicia de Salta, se mostró conforme con el rumbo judicial de su planteo, aunque reclamó medidas más urgentes en favor de las comunidades aborígenes del norte provincial.

Justificó su reclamo en el tiempo transcurrido desde que interpuso el amparo, el 10 de noviembre del año pasado, instancia en que resaltó la necesidad de disponer medidas urgentes ante la proximidad de la temporada estival, sin embargo, nada se hizo desde ese momento.

Es que su planteo, realidad ante el Juzgado de Minas de Salta, a cargo de la jueza Victoria Mossman, chocó con penca, pues la magistrada se declaró incompetente, aunque frente a la petición de medidas urgentes, formuladas mediante una serie de medida cautelares, tuvo una respuesta particular.

La jueza dispuso que se habilite un número telefónico de urgencia para los habitantes de dichas comunidades, ubicadas en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia. Incluso mandó que se dispongan carteles con dicho número, pero lo que no tuvo en cuenta fue que en dichos lugares no hay conectividad.

La medida, propia de funcionarios que no salen de su despacho, recibió una dura crítica de la defensora nacional, quien reclamos la implementación de acciones más atinadas, como la sugerida por el Ministerio Público Fiscal al expedirse sobre el planteo del amparo y la incompetencia de la jueza Mossman.

Satisfacción

En cuanto al fallo de la Corte de Justicia, con el voto unánime de ocho de sus integrantes respecto a asumir la competencia del amparo, la funcionaria se mostró conforme. “Vemos con satisfacción que la Corte decida abocarse como competencia originaria al amparo. Pero además esperamos que no pare las cautelares que pedimos a la provincia, que aseguraban no solo salud, sino agua, caminos, conectividad y alimentos”, sostuvo en declaraciones públicas.

Graham, por otra parte, consideró que la solución a los graves problemas que atraviesan las poblaciones originarias, sus infancias y adolescencias en particular, “no puede ser un número” de teléfono para resolver las urgencias.

Entre otros aspectos, destacó informaciones oficiales del Ministerio de Salud de la provincia de Salta, las que indican que más de 7500 niños y niñas de la zona se encontraban en riesgo nutricional, situación que exige un abordaje inmediato e integral de los organismos estatales.

“Entendemos que no es la solución un número, porque no hay conectividad”, insistió, a la vez que se volcó por la conformación de una mesa interinstitucional que, con cronograma definido, indique los pasos a seguir para dar soluciones a la complejidad que atraviesan las comunidades originarias ubicadas en la zona de emergencia sanitaria.

De inmediato

Consideró que, mientras las soluciones se demoran, en las comunidades continúan los fallecimientos de niños y niñas por causas evitables, entre ellas, las que se derivan de la desnutrición. Por ello, indicó que es preciso reiniciar el armado de la mesa interministerial que estuvo en funcionamiento en 2020 y que, afirmó, “tuvo buenos resultados”.

Evaluó que las alternativas para zanjar cuestiones estructurales de larga data demandan acciones “a corto, mediano y largo plazo”, que sean mensurables y que, estas medidas, deben tener un momento preciso de inicio, dado que los tiempos de las acciones “no se pueden hacer eternos y los tiempos de los niños y niñas no son lo mismo que los de los adultos”.

Adelantó también que la mesa que se solicita no puede ser la misma que se armó para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la causa que resultó a favor de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, en el municipio de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, pues esta conformación que ya cuenta con una Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y es específica para dar cumplimiento al fallo del máximo tribunal del continente.

Aclaro, por ende, que la particularidad de la mesa ahora reclamada tiene como objetivo expandir acciones sobre la totalidad de la zona de emergencia sanitaria, con una precisa articulación entre las carteras ministeriales de la provincia. En esa mesa, sentenció Graham, es imprescindible la participación de referentes de las comunidades originarias que habitan la zona en emergencia.

Además, consideró clave la participación de funcionarios del gobierno provincial, expertos en materia sanitaria y, en especial, que los intendentes de las distintas localidades afectadas también intervengan, pues son los primeros en recibir los reclamos de estas comunidades, por lo que deberían estar al tanto de las medidas que se van a establecer al respecto.