SALTA.- Como sucedió en el año 2016, cuando el ex intendente Cándido Cruz fue imputado por quedarse con 350 mil pesos de los fondos de Coparticipación, este miércoles otro ex jefe comunal de Iruya volvió a quedar en el ojo de la tormenta a raíz del pedido de juicio de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, esta vez por el delito de peculado.
El pedido de juicio, en este caso, fue requerido contra Alfredo Soto, quien gobernó Iruya entre los años 2015 y 2019. Cruz, su antecesor, también terminó citado por la justicia por un faltante de 350 mil pesos, dinero que era parte de los fondos de Coparticipación.
A diferencia de Cruz, quien fue acusado de apropiarse de ese dinero a través de una maniobra de auto robo, Soto está acusado de quedarse con casi 7 millones de pesos, dinero procedente de las arcas municipales y de programas sociales.
En su pedido de juicio, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio requirió al Juzgado de Garantías 5 que eleve a juicio la causa contra Soto por el delito de peculado, en este caso por dos hechos. A partir de este planteo, ahora se espera que se dé trámite al requerimiento a fin de que siga camino al Tribunal de Juicio.
La investigación penal que derivo en la acusación contra el ex intendente, según surge del requerimiento, se iniciaron el 18 de febrero de 2020 a partir de la denuncia radicada por la apoderada de la Municipalidad de Iruya, quien se presentó en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.
Al respecto, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo que “el acusado, en su calidad de Intendente de Iruya emitió el 06/12/19 tres cheques a favor de la municipalidad por un monto total de 970.000 mil pesos, que él mismo cobró el 9 de diciembre de 2019, de los que no obra constancia de su destino y que, conforme a lo denunciado por la actual gestión municipal, no existe una rendición de cuentas efectuada ante la municipalidad”.
Programas sociales en Iruya
Al describir el segundo hecho, la representante del Ministerio Público Fiscal manifestó que Soto recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos provenientes de los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero por un importe total de $14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $5.878.073,43
Por otra parte, afirmó que, según lo informado por la auditoría de la comuna, también existía un faltante de 7.773.758 pesos y que, luego de finalizado el mandato del ex Intendente, ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de la finalización de la gestión) por un valor de 5.397.032 pesos.
Ante estas irregularidades, la fiscalía reunió la documentación necesaria y decidió llevar adelante diferentes estudios contables, los que estuvieron a cargo del Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
Como resultad de estas medidas, se pudo establecer que efectivamente existiría un faltante de dinero de 6.848.073 pesos, cuya administración y custodia le habían sido confiadas al ex intendente, razón por la cual se decidió avanzar y pedir que Soto vaya a juicio, donde podrá explicar qué paso con los casi 7 millones que faltan de las arcas municipales.
Obviamente, no se descarta que la defensa del ex jefe comunal interponga algún recurso, en busca de anular el requerimiento y lograr el sobreseimiento del caso, decisión que será motivo de tratamiento por parte del Juzgado de Garantías 5.
Falsa denuncia
En cuanto al caso de Cruz, el 29 de abril de 2016, la fiscal Gabriela Buabse, imputó al ex intendente por el delito de falsa denuncia y malversación de fondos. En su defensa, el ex jefe comunal afirmó que el dinero faltante (350 mil pesos), en realidad, le fue robado de su vehículo, Peugeot Boxer, el 10 de septiembre del año pasado, minutos después de cobrar un total de 520.000, procedente de fondos de coparticipación.
Cruz aseguró que tras el cobro del dinero se dirigió a un comedor, en la calle Mendoza al 1.000, donde almorzó y a salir se dio con que la puerta del lado del acompañante de su rodado, había sido forzada y que los ladrones se llevaron un maletín, donde tenía 350 mil pesos, mientras que el resto estaban ocultos debajo del asiento.
Dijo también que los ladrones se llevaron el estéreo. La fiscal Buabse, en cambio y a partir de las imágenes de un domo del Centro de Video Vigilancia del 911, ubicado a pocos metros de donde estaba estacionado el vehículo de Cruz, pudo establecer que dicho robo no existió.
Por el contrario, señaló que se pudo ver a Cruz cuando le hacía entrega de un bulto a unas personas que viajaban en camión, el cual casualmente eran del municipio de Iruya. Al respecto, Cruz en su denuncia sostuvo que tras descubrir el robo vio pasar dicho rodado con sus “compañeros”, pero no se detuvieron.
Por otra parte, la fiscalía también determinó que la cerradura de la puerta del rodado que fue supuestamente forzada, en realidad no presentaba signos de haber sido destruida. En vista de ello, la fiscal imputó a Cruz por dicho delito y por el de “malversación de caudales”, pues la hipótesis de la fiscal es que el ex intendente se quedó con ese dinero.
