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Salta

En la mira: investigan al intendente de Animaná por malversación de fondos

Se lo imputó junto a una empleada de la localidad por las denuncias de los vecinos del barrio García Basalo de la ciudad de Salta.

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ANIMANÁ (Salta).- La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, afirmó que investigan al intendente de Animaná por malversación de fondos. En este marco, se lo imputó junto a una empleada de la localidad por las denuncias de los vecinos del barrio García Basalo de la ciudad de Salta.

Según los vecinos de Animaná, los camiones de la Municipalidad arribaban a una vivienda en construcción y depositaban materiales de construcción. Además, indicaron que la casa era de una empleada de la comuna del sur provincial. Para peor, el jefe comunal fue visto en varias oportunidades hablando con la persona de la obra y empleado del municipio.

Las investigaciones de la UDEC reflejaron que el encargado de la obra en la capital formaba parte de la Municipalidad de Animaná desde el año 1992. Los integrantes de la Unidad de Delitos mantuvieron el contacto con el hombre y conocieron que en 2020 estaba en Salta por una enfermedad de su esposa. Fue recibido por el intendente que le ofreció trabajar como albañil en la casa de la imputada.

Finalmente, se conoció que la mujer forma parte de la Municipalidad de Animaná. Al analizar los informes y los testimonios, Ana Inés Salinas Odorisio imputó provisionalmente al intendente y la empleada; en calidad de coautores por malversación de fondos. Por el momento, ambos apuntados se negaron a declarar, ante la recomendación de sus abogados.

Otros intendentes investigados

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, exige juicio para el exintendente de Iruya, Alfredo Soto, por dos hechos de malversación de fondos. Así lo decidió luego de investigar una denuncia de la apoderada de la Municipalidad. Las actuaciones iniciaron en el mes de febrero de 2020 en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

En su pedido, la fiscal remarcó: “El acusado, en su calidad de intendente de Iruya emitió el 06/12/19 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto de $970.000. Él mismo lo cobró el 09/12/19 de lo que no obra constancia de su destino. Y que, conforme a lo denunciado por la actual gestión, no existe una rendición de cuentas efectuada ante la Municipalidad”.  

Angastaco, Salvador Mazza y Aguaray

Días atrás, elevaron a juicio la causa contra el exintendente de Angastaco, Eduardo Ramón Díaz, por malversación de fondos. Así lo decidió la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. Además, se incluyó a la agente sanitaria y esposa del implicado como partícipe del peculado y autora del delito de falsificación.

Uno de los casos más recordados en estos tiempos es el del enriquecimiento ilícito del jefe comunal de Salvador Mazza, Rubén Méndez. En la misma localidad, el exjefe comunal, Carlos Villalba, fue detenido en Salta Capital, en un prostíbulo, en el marco de un operativo contra la trata de personas. El polémico intendente había recibido un sinfín de denuncias por irregularidades en la gestión, formuladas tanto por el Concejo Deliberante.

Otro caso se dio en el Norte de la provincia, cuando el exintendente de Aguaray, Enrique “Quique” Prado, fue sacado de su largo. Así se decidió luego de la intervención del gobernador, Gustavo Sáenz, tras confirmarse su participación en el robo de caños del Gasoducto del NEA. Por este delito, lo condenaron a seis años de prisión domiciliaria hasta que el pasado diciembre, Casación Penal dispuso su liberación.

Intervención en El Bordo

Por último, en enero de 2015 se intervino el municipio de El Bordo, en el departamento General Güemes. En dicha oportunidad, se hicieron públicas fotos del intendente, Juan Rosario “Chicho” Mazzone en “zunga” junto a un grupo de menores de edad en ropa interior. Pese a las excusas del exjefe comunal, la polémica tomó tanta relevancia que el gobernador Juan Manuel Urtubey tuvo que pedir la intervención del municipio.