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Salta

Más acusaciones penales por corrupción a referentes de La Cámpora en Salta

A los ya imputados Marcos Vera y Verónica Molina, de la ANSeS y el PAMI local, se sumaron dos funcionarios más y un ex concejal que fue escrachado, cuando hacía campaña política con electrodomésticos donados por la Dirección de Aduanas.

La Cámpora
Los acusados y sus defensores en la sala de audiencia de la Cámara Federal de Apelaciones.
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SALTA.- Otra vez, referentes de La Cámpora dan la nota por hechos de corrupción a nivel local. Esta vez, la justicia federal amplió la acusación penal contra Marcos Vera, asesor de la ANSeS y Verónica Molina, titular del PAMI. Pero esto no fue todo, pues también fueron acusados otros dos funcionarios de la obra social nacional, siendo el último imputado el ex concejal capitalino por el Frente del Todos, Fernando Ruarte.

La acusación fue formalizada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos, ante la jueza federal de Garantías 2 Mariela Giménez, quien hizo lugar a todos los planteos realizados por el representante del Ministerio Público Fiscal.

Cabe señalar que el 22 de octubre pasado, el fiscal Toranzos, quien encabeza las investigaciones penales por hechos de corrupción con beneficios sociales, imputó ya a Vera y Molina los delitos de concusión agravada, malversación de caudales y peculado.

Esta vez, pidió también la acumulación de otra investigación seguida contra Vera por el cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), formalizada el 22 de abril del año pasado. Por otra parte, imputó por el mismo delito y en calidad de partícipe necesario a Gustavo Emilio Gerónimo, coordinador del Modelo de Atención Personalizada y Diego Jesús Albornoz, coordinador Ejecutivo, ambos con funciones en el PAMI local.

Por último, acusó por el mismo delito a Ruarte, ex concejal capitalino por el Frente de Todos. La acusación en su contra, casualmente, se originó de un hecho que el mismo edil, que buscaba su reelección, difundió a través de un posteo en sus redes sociales.

Fue cuando subió una foto en un acto de campaña, en el cual fue la figura estelar de la entrega de electrodomésticos en un salón comunitario de barrio Castañares, el cual no levantó sospechas hasta que se supo que los regalos, en realidad, habían sido donados por la Dirección General de Aduanas al PAMI para que sean repartido entre afiliados en situación de extrema vulnerabilidad y no en actos políticos.

Conocido estos detalles, el acto de campaña terminó en escándalo y, en parte, fue perjudicial para Ruarte, quien no logro retener su banca debido a las numerosas críticas suscitadas tras conocerse el real origen de los electrodomésticos donados.

“Retornos”

En cuanto a Vera y Molina, el fiscal recordó que ambos funcionarios obligaban a los jefes de distintas agencias del PAMI, en Salta, a entregar el 20 por ciento de su sueldo, en supuesta compensación por sus designaciones, las cuales eran promovidas por la organización política “La Cámpora”, situación que surgió de las declaraciones brindadas en un juicio seguido por el cobro irregular del IFE a tres ex gerentes del PAMI.

Al confirmar las sospechas de estas maniobras, el fiscal hizo referencia a una serie de evidencias ya colectadas, entre ellas audios y capturas de mensajes telefónicos, en los cuales se menciona la obligación del pago de los aportes, a modo de “retorno” por la designación de cargos.

Como evidencia de esta conducta, Toranzos mencionó el informe técnico realizado al teléfono de Fabiana Juárez, una de las ex gerentes juzgada, quien sacó a luz en el juicio la exigencia del pago del 20 por ciento. Al cotejar los números, se precisó que los mensajes, en los que se pedía el pago de ese aporte, pertenecían a Vera y Molina.

Y para que no queden dudas, reveló que, en la cuenta bancaria de Vera se detectó un total de 44 transferencias de dinero de otros funcionarios del PAMI por un monto de 436.964 pesos, con la discriminación del caso, lo cual permitió confirmar no sólo los nuevos hechos, sino la participación de Gerónimo y Albornoz en la maniobra de peculado.

Además de los pagos mediante transferencia, indicó que los acusados utilizaron el sistema interno de bolsín del PAMI, lo que surgió también de los audios y capturas de mensajes. En otros casos, en tanto, los gerentes eran citados a la sede para efectivizar esos aportes.

Donación

Al profundizar sobre la entrega de los electrodomésticos, precisó que los bienes entregados de manera ilegal son parte de un lote destinados a 1.500 afiliados en situación de vulnerabilidad, de los cuales alrededor de 600 no fueron entregados y se desconoce dónde fueron a parar.

El fiscal confirmó que estos bienes fueron distribuidos en actos de campaña y en favor de Ruarte. Al referirse al marco de entrega de esos bienes, los beneficiarios dijeron que, en ningún momento, se aludió al PAMI como promotor de los beneficios, sino que todo fue promovido por dirigentes de “La Cámpora”, quienes pidieron a cambio su apoyo al Frente de Todos en los comicios electorales.

Ante estas nuevas evidencias, la fiscalía formalizó las nuevas acusaciones, respecto a Gerónimo, Albornoz y Ruarte, como también se sumaron otros hechos a las acusaciones ya imputadas a Vera y Molina, para finalmente pedir una prórroga de la investigación dada su complejidad.

En respuesta a las acusaciones, la defensa de Molina se opuso a la prórroga de la investigación, mientras que los defensores de Gerónimo, Albornoz y Vera no hicieron objeciones. En el caso de Ruarte, su defensa recusó al fiscal y planteó la ilegalidad de la acusación.

Ruarte, al declarar de manera enérgica, afirmó ser inocente y realizó una serie de acusaciones de imparcialidad en contra de la fiscalía, las que luego fueron ampliadas por su defensa, aunque ninguna de ellas fue argumentada con precisión.

En la réplica, el fiscal pidió el rechazo de los planteos, dada su imprecisión y afirmó que, en ninguno de ellos, se advierten elementos fundados para habilitar su tratamiento, opinión que fue compartida por la jueza Giménez, quien rechazó la recusación y el pedido de ilegalidad por parte de la defensa del ex concejal.

Para la jueza, los planteos defensivos carecen de elementos de convicción suficiente para ser analizados, puesto que las causales de recusación no fueron argumentadas, sino meramente enunciadas, por lo que se expidió por el rechazo de ambos planteos.

Por último, rechazó también la oposición a la prórroga interpuesta por la defensa de Molina, la jueza coincidió con el fiscal, quien había advertido -en la réplica- que esa parte consintió la acumulación de las investigaciones. Finalmente, dio por formalizada las nuevas imputaciones tanto a Vera y Molina, como las realizadas en contra de Gerónimo, Albornoz y Ruarte.