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¡Dale que todavía hay espacio! Otros dos ex intendentes de Salta irán a juicio por corruptos

Por ocho años gobernaron el pequeño municipio de El Tala, en el sur de la provincia, donde hicieron lo que quisieron. Ahora, sin embargo, la justicia pidió que sean juzgados por el grave perjuicio que causaron con sus fechorías.

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Con el pedido de juicio penal formalizado ayer contra los ex intendentes Manuel Norberto Paz y Andrés Jesús Mellado Castellanos, de la localidad de El Tala, en el sur de Salta, ya son diez los ex jefes comunales que tienen cuentas pendientes con la justicia por graves delitos contra la administración pública.

Sus antecesores son Rubén Méndez, en Salvador Mazza; Rita Carreras, de Coronel Moldes; Ernesto “Kila” Gonza, de San Lorenzo; Manuel Cornejo, de Campo Quijano; Fernando “Casita” Almeda, de Cafayate; Gustavo Solís, de Rosario de La Frontera; Javier Wayar, de La Merced y cierra el listado Enrique “Quique” Prado, de Aguaray, quien ya cumple su condena.

En el caso de Paz y Mellado Castellanos, quienes gobernaron El Tala, entre 2011 y 2020, respectivamente, ayer el fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra informó que solicitó oficialmente al Juzgado de Garantías 1 de Metán que avance con el juicio a los dos ex intendentes.

Sostuvo que las investigaciones penales en contra de ambos acusados, tuvieron como origen informes remitidos por la Auditoría General de la Provincia, órgano que decidió girar dichos documentos ante la posible comisión de delitos contra el erario municipal.

Respecto a Paz, el fiscal pidió que sea juzgado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, el de sustraer, alterar, ocultar, destruir o inutilizar documentos públicos, por estafa y por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en concurso real.

Mellado Castellanos, en tanto, debe responder incumplimiento de los deberes de funcionario público y el delito de sustraer, alterar, ocultar, destruir o inutilizar documentos públicos en concurso real.

En el informe que originó el caso, se plantean varias irregularidades tales como la falta de registro de bienes, sobre todo inmuebles del municipio, lo que provocó que el equipo de auditoría actuante, no pueda determinar si las disposiciones de bienes inmuebles analizadas, son efectivamente las únicas operaciones realizadas por el Ejecutivo Municipal, o si se hubieran sucedido otras que no llegaron a su conocimiento y que podrían haber afectado la situación de los bienes al 31 de diciembre de 2016.

Asimismo, el archivo de resoluciones del Intendente se encontraba incompleto, lo que impide conocer las decisiones que se hubieran tomado a través de las resoluciones, dificultando el control de las acciones de gobierno municipal.

Así las cosas, y del análisis realizado, para la fiscalía está comprobado incluso que se hizo disposición -a través de la figura de la donación-, de bienes muebles del municipio, a favor de una fundación que presidía la hija del ex intendente Paz, por lo cual, los auditores sostienen que la información contenida en el Estado de Bienes al 31/12/16 presentado por la municipalidad no presenta razonablemente la situación de los bienes de ese municipio a tal fecha, conforme a las normas contables y legales vigentes detalladas en el marco legal.

Responsables

Como eje central de la acusación, el fiscal López Ibarra sostuvo que ambos ex intendentes, incumplieron la normativa vigente, y advirtió que, en su carácter de jefes comunales, eran jefes de la Administración Municipal y encargados de cumplir y hacer cumplir las leyes nacionales, provinciales y las ordenanzas municipales.

También señaló que hicieron caso omiso a las mismas, lo cual encuentra su fundamento en el resultado de la Auditoría realizada en su oportunidad, y en todas las faltas en las que incurrieron los funcionarios sin tener en consideración la ley Orgánica de Municipalidades; Ley de Contabilidad de la Provincia, Contabilidad y Control del Patrimonio del Estado y la reglamentación de Procedimiento Administrativo, entre otras normas.

Cabe señalar que las investigaciones penales surgieron también la denuncia del ex intendente Mellado Castellanos contra Paz, el 29 de marzo de 2016, o sea hace ya caso seis años atrás, lapso que también llama la atención, pues se trata de delitos que, una vez llegado a juicio, por lo general prescriben.

Oficialmente, ambos ex intendentes fueron imputados el 19 agosto, 2021, oportunidad en que los acusados, asistidos por sus defensores, decidieron no declarar, aunque posteriormente realizaron distintas presentaciones a través de sus defensas.

En su denuncia, Mellado Castellanos acusó a Paz de quedarse con el 90% de fondos nacionales o provinciales. Dijo que, tras asumir, mandó a realizar un monitoreo y análisis de las finanzas municipales, ya que se habían advertido ciertos “faltantes de maquinarias”.

Indicó que, al revisar los fondos de Coparticipación Nacional, se pudo establecer que, de la remesa correspondiente a diciembre de 2014, de $ 562.870,28, el ex intendente Paz registró sólo la suma de $ 56.270,28, con lo cual el municipio perdió $ 506.620,00.

El mismo “modus operandi”, según Mellado Castellanos, se advirtió en los fondos percibidos por ese mismo mes, diciembre de 2014, pero correspondiente a rubro de Coparticipación Provincial. En ese caso, de una suma de $ 159.965,05, en los registros contables del municipio, Paz registró $ 15.965, 05, perdiéndose así un monto de $ 144.393,00.

La presidenta del Concejo Deliberante, de ese entonces, Andrea Cristina Solís, confirmó los desmanejos contables de Paz, quien intentó sobornarla para que no firme la revocación de la ordenanza que le donaba seis hectáreas del municipio a la fundación de su hija, entre otras irregularidades.