SALTA.- Entre el martes y ayer, tanto en la ciudad judicial de esta ciudad como en Metán, catorce policías de Salta son juzgados por delitos denominados de brutalidad policial. Y la situación, a decir verdad, no es favorable para ninguno de ellos. Cinco ya fueron condenados a 4 años de cárcel, mientras que para el resto se pidieron penas de 6 y 8 años.
En uno de los juicios, llevado adelante en la Sala IV del Tribunal de Juicio, la jueza Norma Beatriz Vera condenó a prisión efectiva e inhabilitó a cinco policías por el delito de lesiones graves doblemente agravadas, en perjuicio de Néstor Ramón Ávalos.
Uno de los efectivos, Mario Alberto Funes, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial para ejercer cargo público por el término de seis años como autor material y penalmente responsable de lesiones graves doblemente agravadas por ser cometidas abusando de su función o cargo por un miembro integrante de las fuerzas policiales y por el empleo de un arma de fuego.
El resto de los policías, Lucas Daniel González, Víctor Darío Díaz, Diego Alberto Cachi y Luis Armando Quispe recibieron la misma condena. En su fallo, la jueza también dispuso la prisión preventiva de los cinco condenados y ordenó la inmediata detención y traslado de los policías a la Unidad Carcelaria 1.
Por otra parte, tuvo por desistida la demanda civil interpuesta por el damnificado en contra de la Policía de la Provincia de Salta, aunque sí hizo lugar parcialmente a la demanda presentada contra el Estado Provincial y a los policías, a los que condenó -en forma solidaria, conjunta y mancomunada- a pagar al damnificado la suma de 5.5 millones de pesos en concepto de reparación integral del daño causado, más los intereses correspondientes.
El caso, como se sabe, ocurrió el 29 de julio de 2020 en barrio Norte Grande, cuando los efectivos fueron desplazados al lugar para un procedimiento y –según consta en la requisitoria fiscal-, con exceso de sus funciones, efectuaron un disparo con arma larga a un soldado voluntario, que se encontraba circunstancialmente afuera de una despensa.
El proyectil impactó en su ojo izquierdo. Pese a advertir que había un lesionado, los efectivos omitieron prestarle asistencia. A raíz del impacto, la víctima perdió el ojo, lo que le impidió continuar su carrera en el Ejército Argentino.
Caso Cristián Gallardo
Ayer, en tanto y en el juicio que se sigue contra cinco efectivos policiales y un testigo por la muerte de Cristian Gallardo, el fiscal penal Leandro Flores solicitó la pena de 6 años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación especial para cuatro policías.
En este caso, los policías sometidos a juicio son Ricardo José Antonio Llaves, Lucas Maximiliano Ozuna, Ricardo Ezequiel López y Jorge Antonio Olea, quienes responden por el delito de homicidio culposo en concurso real con vejaciones calificadas en perjuicio de Gallardo y contra Elio Maximiliano Moya por falsedad ideológica en concurso ideal con encubrimiento agravado. Y contra Ángel Ismael Lozano se requirió juicio por falso testimonio en concurso ideal con encubrimiento.
Al reanudarse el debate, el fiscal fue el primero en realizar sus alegatos, ocasión en la que confirmó la acusación y pidió al Tribunal integrado por los jueces Roberto Lezcano, Norma Vera y Maximiliano Troyano, que se aplique una pena de 6 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para los imputados.
Mientras que para el imputado Moya solicitó la pena de 3 años de prisión condicional y 6 años de inhabilitación especial. Para el imputado Lozano solicitó la pena de 2 años de prisión condicional. A su turno, la querella solicitó para Llaves, Olea, Ozuna y López la pena de 12 años de prisión efectiva y adhirió al pedido de pena fiscal para los imputados Moya y Lozano.
Por último, en la ciudad judicial de Metán, en juicio que se sigue contra el comisario Walter Omar Mamaní y los policías Juan Francisco Giménez, Julia Antolina Díaz, Sergio Luis Carlos Argañaraz y Franco Matías Vizgarra, el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Ramón Haddad, escuchó los alegatos de las partes.
Los fiscales penales Nicolás Rodríguez López y María Celeste García Pisacic, en su exposición, requirieron se imponga a Mamaní la pena de ocho años de prisión efectiva e inhabilitación por el doble del tiempo, como autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad (dos hechos) y falsedad ideológica (dos hechos).
Para Argañaraz y Giménez, solicitaron la pena de dos años prisión de ejecución condicional como autores del delito de falsedad ideológica. En cuanto a Díaz, solicitaron la condena como autora del mismo delito, a la pena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva bajo la modalidad de domiciliaria.
Por último, para Vizgarra pidieron que se le imponga la pena de dos años y cuatro meses de prisión de ejecución condicional por considerarlo autor del delito de vejaciones agravadas con fines de venganza. Durante la tarde, alegaron las defensas de los acusados, tras lo cual el juez dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 10 de mayo.
Los cinco efectivos se desempeñaban en la subcomisaría El Dorado, en Apolinario Saravia al momento de los hechos, que habrían sucedido entre el 28 de junio y el 2 de julio de 2020 y tuvieron como víctima al hijo de una periodista, quien en su programa de TV se mostró crítica de la labor policial.
