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Salta

La ex intendenta de Coronel Moldes nuevamente investigada por corrupción

Sin dudas, los delitos en perjuicio de las arcas del Estado no son exclusivos del colectivo masculino, pues en los últimos años, la justicia inició causas por fraude y otros ilícitos en contra de cuatro ex intendentas, dos ya tienen pedido de juicio.

Coronel Moldes
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CORONEL MOLDES (Salta).- Ayer, la fiscal penal de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, sorprendió a los vecinos de Coronel Moldes al llevar adelante una inspección ocular en una plaza local. La sorpresa fue aún mayor, cuando al indagar de que se trataba, conocieron que se trata de una diligencia investigativa por una nueva causa penal en contra de la ex jefa comunal Rita Carreras.

Es que la ex intendenta, contra quien el 6 de mayo pasado ya se pidió que vaya a juicio, es dueña de un largo rosario de causas penales por defraudación a la Administración Pública e incumplimiento de deberes de funcionario, todo por hechos cometidos presuntamente durante su gestión al frente de la comuna.

En este nuevo caso, Carreras está acusada de haber hecho figurar una obra pública con un avance elevado, cuando en realidad estaría por muy debajo de lo esperado, con el agravante de haberse detectado otras irregularidades en la concesión de los fondos, los que superan la suma de 3 millones de pesos.

Para determinar los detalles de este nuevo caso, la Unidad de Delitos Económicos Complejos realizó una inspección ocular en la Plaza de la Familia, ubicada en el barrio villa Delicia de Coronel Moldes, a fin de constatar la existencia de la misma y de distintos elementos que deben encontrarse en el lugar

Según lo informado, todo surgió de la denuncia radicada por el actual intendente de esa localidad, Omar César Carrasco en contra de su antecesora. Sgún el titular del municipio, el Gobierno de la Provincia transfirió 3.286.561,90 pesos para la ejecución total de la obra, suma que habría sido entregada a la Cooperativa de Trabajo Roma Limitada, que fue adjudicataria de la obra en un proceso de contratación directa como mejor oferente.

Carrasco aseguró que la adjudicación se realizó incumpliendo requerimientos básicos legales en un proceso de esa índole y que la plaza pública no presenta un estado de avance del 89,83% como figura en el Certificado Parcial de Obra del 4 de noviembre de 2019, sino que la construcción se encuentra cercana al 60%.

Teniendo en cuenta lo denunciado, la fiscal Salinas Odorisio ordenó una inspección ocular en la plaza, donde se constató que efectivamente presenta un avance muy inferior al consignado por la ex intendenta, tal como fue denunciado por Carrasco.

El 6 de mayo pasado, cabe señalar, la misma fiscal Salinas Odorisio requirió al Juzgado de Garantías 4, a cargo de Diego Rodríguez Pipino, juicio contra Rita Carreras, ex intendenta de Coronel Moldes por los delitos de peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo en concurso real.

Causas penales

Entre algunas de las causas, surgida por otra denuncia de Carrasco, la ex jefa comunal está imputada por el faltante de más de un millón de pesos que la Agencia de Discapacidad, mediante un convenio rubricado el 18 de marzo de 2019, transfirió $1.379.800 al municipio de Coronel Moldes con el exclusivo objetivo de adquirir un vehículo adaptado para traslado el de personas con discapacidad, algo que nunca se concretó.

Según la fiscalía, Carreras libró cheques con su firma utilizando los fondos transferidos y se pudo corroborar que estos fueron cobrados por caja. “Las sumas no fueron rendidas al municipio, por lo que la sustracción de estos fondos -cuya administración y custodia se encontraban a cargo de Carreras- fue efectuada mediante el cobro por caja de cheques suscriptos por la misma”, destaca el informe de los peritos del Cuerpo de Investigadores Fiscales.

En otro hecho, el 23 de octubre de 2018, Carreras vendió un tractor, marca John Deere 6300, supuestamente en pésimas condiciones, de propiedad del Estado municipal por 200 mil pesos, hecho que fue denunciado por el actual intendente.

Las investigaciones realizadas permitieron comparar que, tractores similares y en el mismo estado, se vendían en ese momento por 28.000 dólares. Además, el informe presentado por el CIF da cuenta de que, “luego de unas reparaciones efectuadas por el comprador, el tractor se encontraba funcionando en regular estado de conservación”.

La ex intendenta también fue imputada por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público pues, a través de la sanción de la Resolución DEM 69/19, adjudicó lotes en forma directa, omitiendo efectuar en forma arbitraria los procedimientos establecidos y exigidos por la Ley 2616 sobre Enajenación de terrenos fiscales, y por la Ley 8126 sobre el Régimen de las Municipalidades; normativa vigente al momento del hecho y que la acusada efectivamente conocía, afectando con su accionar el correcto funcionamiento de la administración pública.

En 2019, en tanto, el Concejo Deliberante de Coronel Moldes sancionó la Ordenanza 32/19, mediante la cual se compelía a la denunciada a dar soluciones urgentes que garanticen el acceso a una vivienda digna, otorgando casillas prefabricadas y lotes a seis personas.

Por otra parte, el 11 de junio de 2019, Ginés Federico Ballesteros Ramos presentó una denuncia contra la ex intendenta por transferir un inmueble de la municipalidad de Coronel Moldes –a través de un proceso viciado- a uno de los imputados, y no al fideicomiso que correspondía conforme lo autorizado por el Concejo Deliberante.

El municipio es propietario de un inmueble conocido como predio municipal La Esperanza o Loteo La Esperanza (Catastro N° 2325 – Departamento La Viña), que se encuentra ubicado en una zona privilegiada de Coronel Moldes. Desde el 2010 y hasta 2019, la comuna realizó diversas inversiones en obras, trabajos y gestiones (servicio de agua potable, cloacas, luz y apertura de calles) -en algunos con recursos propios y en otros asumiendo compromisos mediante aportes reembolsables de fondos públicos de origen provincial y nacional-; tendientes a una eventual venta en lotes del inmueble.

Los estudios de costos y los análisis financieros de una eventual venta del inmueble, mediante la ejecución del loteo, suponían una ganancia aproximada para el municipio superior a los sesenta millones de pesos (lo que representaba dos veces el presupuesto de la comuna en 2019) y una eventual subdivisión del inmueble en aproximadamente 130 lotes de una extensión promedio de 300 metros cuadrados cada uno.

Mediante la Ordenanza 10/19, el Concejo Deliberante de Coronel Moldes aprobó la constitución de un fideicomiso de administración inmobiliaria, ordenando llevar a cabo un proceso de licitación pública. En la misma Ordenanza, el Concejo resolvió “derogar toda Ordenanza anterior”, desbaratando así derechos adquiridos por terceros en base a anteriores Ordenanzas sancionadas, cumplidas y ejecutadas. Esto, bajo la presidencia de una de las imputadas, sin tratamiento parlamentario previo.

Loteo irregular

El 9 de mayo de 2019, en tanto, Carreras suscribió -en su carácter de Intendenta- la escritura traslativa de dominio del inmueble a favor de Mefor SRL. De acuerdo a lo denunciado por Ballesteros, el proceso de adquisición del loteo se hizo incumpliendo normativas del llamado a licitación pública, omitiéndose citar a las cámaras que nuclean al sector de las entidades inmobiliarias y del sector de la construcción, privándose injustamente de un mayor número de oferentes y se omitió la publicación de la licitación en diarios provinciales. La apertura de sobres se habría llevado a cabo sin la intervención de un escribano ni juez de paz que de fe de dicho acto administrativo.

También señaló que la empresa beneficiaria fue la única que compró los pliegos, aunque luego Carreras manifestó en los medios de comunicación que existían otras dos empresas interesadas en participar de la licitación: la firma JVL SRL (propiedad también de los mismos socios de Mefor SRL, y Santa Ana SRL, que no aparece constituida como tal en el Registro Público de Comercio.

Durante la investigación, desde el CIF pudieron determinar, además, que la empresa oferente encargada de comercializar los lotes, no aparece vinculada a la actividad del corretaje inmobiliario y según declaraciones del Presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta (CUCIS), no registra ningún corredor inscripto vinculado a dicha sociedad, lo que supondría avalar el ejercicio ilegal de dicha actividad. Asimismo, se habría asegurado al supuesto intermediario una comisión del cuarenta por ciento, cuando en el mercado, las comisiones tienen un límite del tres por ciento a cargo del comprador y tres por ciento a cargo del vendedor.

Al día siguiente de la venta, el Club La Esperanza –que funciona en el loteo como club social desde hace años- y otros ocupantes de algunos sectores del loteo iniciaron un interdicto judicial, lo que derivó en el bloqueo del catastro en la Dirección General de Inmuebles. Por todo ello, la fiscal acusó a Carreras por incumplimiento a los deberes de funcionario público por realizar la licitación pública 01/19, incumpliendo, en forma arbitraria, reglas establecidas y exigidas por la ley 6.838, sobre el Sistema de Contrataciones de la Provincia.