Connect with us

Hi, what are you looking for?

Elintra.com.arElintra.com.ar

Salta

Pérdidas millonarias por fraudes cometidos por empleados en el PAMI y la AMT

La corrupción desborda por todos los niveles del Estado, sea nacional o provincial. En el organismo previsional, dos empleados se alzaron con 3.500.000 de pesos, mientras que, en la provincia, un trío embolsó 5 millones con autos confiscados.

PAMI
PAMI
banner



SALTA.- El aprovechamiento del Estado, mediante conductas delictivas, tanto en el orden nacional como provincial, roza ya lo perverso. El delito es prácticamente el común denominador, tanto en la escala jerárquica como en los niveles más bajo, donde también se valen del fraude, como en el PAMI y la AMT, para llenarse los bolsillos a costa del dinero que todos los argentinos aportan a través de distintas cargas impositivas.

En los últimos días, la justicia federal y provincial expuso dos casos en los cuales, empleados de dos organismos, uno nacional y otro local, se alzaron con una suma de ocho millones y medio de pesos producto de maniobras fraudulentas, por las cuales hay siete personas imputadas, cinco de las cuales son empleados públicos.

En el primero de los hechos difundidos, se conoció que dos empleados de la Unidad de Gestión Salta XXII Salta, del PAMI, habrían llevado adelante contrataciones direccionadas, las que dejaron un perjuicio económico al Estado Nacional de un monto de 3 millones y medios de pesos.

Los acusados, en este caso, se trata de los empleados Marcelo Palacios y Ricardo Coronel, quienes operaban en connivencia con Sebastián Gonzalo Villagrán Di Pietro, un contratista del rubro de servicios de audios y videos, quien resultó favorecido en varias licitaciones realizadas por ese organismo previsional.

Los dos empleados y el contratista cómplices, según fuentes judiciales, fueron imputados por el delito de defraudación a la Administración Pública, en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público, para el caso de los dos trabajadores.

En la audiencia de imputación, el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, representada por el auxiliar fiscal Facundo Mirabella, se reveló que los dos empleados presentaban ofertas de otras dos empresas ficticias junto a la de Villagrán Di Pietro, la cual siempre salía beneficiada porque su tasación era más baja que las otras.

“Todas las evidencias reunidas hasta el momento, llevan a la fiscalía a sostener que los involucrados tenían una cierta organización a los efectos de generar –en el ámbito de las contrataciones- un favorecimiento hacia Villagrán Di Pietro, donde los referentes técnicos serían Palacios y Coronel”, afirmó el fiscal.

Para lograr este objetivo –añadió- los acusados “utilizarían empresas denominadas de papel para así simular una adjudicación” en favor de Villagrán Di Pietro. A su vez, puso en dudas que las prestaciones aludidas efectivamente se concretaron.

Sobre el daño causado, y conforme a la documentación analizada, Mirabella indicó que las maniobras adjudicadas a los tres acusados habrían causado un perjuicio económico al Estado Nacional por un monto estimado de 3,5 millones de pesos.

Este caso, en lo que respecta a este organismo, se suma a otros hechos de fraude cometidos por la directora del PAMI Salta Verónica Molina y otro funcionario de esa área, Marcos Vera, quienes ya fueron imputados y son investigados por cobrar retornos a nombre de La Cámpora a empleados y demás funcionarios que fueron designados gracias a la influencia de dirigentes de ese arco político.

En la provincia

La situación en la Administración Pública de la Provincia no es diferente ni menor, pues el viernes pasado, la Unidad de Delitos Económicos Complejos detuvo e imputó a tres empleados de la Autoridad metropolitana de Transporte, a raíz de un fraude que rondaría un piso de 5 millones de pesos.

Los acusados habían montado una estructura paralela, mediante la cual cobraban montos de 35 mil pesos a propietarios de automotores que habían sido confiscados, monto equivalente a un 45 % menos del valor real que se debía pagar para retirar los vehículos, con lo cual el daño podría ser aún mayor.

Todo salió a luz cuando el presidente de ese organismo, Marcelo Ferraris, se dio cuenta de que uno de los infractores se presentó en uno de los playones de la AMT y tras pagarle a un empleado, se marchó con el rodado que le había sido incautado.

Ante esta situación, el directivo ordenó una investigación interna que sacó a luz la maniobra, mediante la cual los tres empleados implicados ya habían entregado entre 148 y 160 vehículos, por un monto promedio de 35 mil pesos por cada coche.

Esto surge porque los expedientes referidos a esas entregas directamente fueron borrados del sistema, siendo los acusados los responsables de la eliminación de estos datos. Un cuatro implicado, remisero ilegal, era el nexo externo que tenía como rol traerles a los empleados clientes para la entrega exprés de los rodados.

La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio imputó a los cuatro acusados los delitos de peculado y falsificación de instrumento público. Dos de los empleados del organismo, cumplían funciones de inspectores. El tercero, en tanto, realizaba tareas administrativas; mientras que el cuarto detenido es chofer de un remís ilegal.

Durante la audiencia de imputación, los cuatro se negaron a declarar. Por este hecho, personal de la Unidad de Delitos Económicos del CIF allanó los domicilios de los cuatro detenidos y secuestró celulares y numerosa documentación de interés para la causa.