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El empresario secuestrado en Salta quiere que sus captores le paguen cinco millones por daño moral

Aunque planearon el golpe hasta el último detalle, todos terminaron tras las rejas y sin ver un peso del rescate millonario que exigían. Para peor, pronto irán a juicio y la fiscalía federal ya anunció que pedirá penas de 12 a 17 años de prisión.

Salta
El fiscal federal Ricardo Toranzos en la audiencia dirigida por el juez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas.
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SALTA.- La suerte de los hermanos Franco Jerónimo y Héctor Mario Campos, Héctor Joaquín Emanuel Rodríguez y Ezequiel Maximiliano Toledo, autores del secuestro extorsivo del empresario Víctor Giménez, en Salta, va de mal en peor. Es que ayer, a seis meses del rapto, la justicia federal anunció que el caso irá a juicio, donde los acusados no sólo podrían ser condenados a duras penas, sino también a pagar una millonaria demanda.

El empresario Víctor Giménez, sindicado como socio mayoritario de Transporte El Cóndor SA y víctima del secuestro extorsivo, reclama el pago de una suma de cinco millones de pesos en concepto de daño moral, psicológico y psiquiátrico a causa del secuestro sufrido.

La cifra demandada, paradójicamente, es la misma que sus captores pedían por su rescate, dinero que, en caso de ser condenados, deberán pagarle ellos a Giménez, quien fue secuestrado el 30 de noviembre del año pasado, cuando se dirigía a la empresa en su camioneta Mercedes Benz.

Ese día, muy temprano, Héctor Campos y Toledo, vestidos de policías, detuvieron a Giménez en la calle colindante a la metalúrgica de Metalnor, un ataco que era usado por Giménez para llegar a su empresa, ubicada en la avenida Ragone N°1.

Muy cerca, en otro auto, Rodríguez estaba apostado con la tarea de avisar cuando el empresario esté cerca. Y así lo hizo, pues ante su alerta, Campos y Toledo, que habían montado un control vehicular, detuvieron a Giménez, a quien redujeron y se lo llevaron en su misma camioneta.

Fueron hasta una casa en el barrio Los Paraísos, la cual había sido alquilada por los hermanos Campos el día anterior. Allí, los captores tuvieron cautivo a Giménez, a quien primero lo obligaron a que les haga una transferencia bancaria desde su celular, pero el empresario podría haber estado reducido, pero no perdió las mañas y aportó una clave falsa, con lo cual bloqueó la aplicación.

Frustrada esta chance, los secuestradores acordaron pedir a la familia de Giménez un rescate de 50 millones de pesos, pero el empresario los puso en tierra y les dijo que ni siquiera su empresa valía esa suma, por lo que bajaron sus pretensiones a 5 millones.

Todo mal

En busca de ese botín, obligaron al empresario a que llame a su hijo y gestione el pago del rescate, el cual, luego de algunas idas y venidas, se pactó frente a Metalnor, muy cerca de una estación de servicio. Para recibir el dinero, Rodríguez y Franco Campos, fueron a la cita en un auto VW, al cual le taparon la patente.

Esa acción fue nefasta, pues un vecino los vio, le pareció raro y llamó al 911, la que acudió y los detuvo. Con Rodríguez y Franco Campos fuera de combate, los otros dos socios, que se movían en la camioneta de la víctima con el empresario, quedaron al borde de un ataque de nervios.

Por fortuna, circulaban por la zona, así que a la policía no le costó mucho ubicarlos, especialmente porque se movía en la camioneta de la víctima. Al detectarlos, se inició una persecución casi de película, la que incluyó las calles de dos barrios.

Pasaron de Circulo III a San Calixto, donde Toledo, asustado, se lanzó del rodado y dejó a Campos solo con Giménez. Luego de algunos virajes, el último delincuente no pudo más y terminó estrellándose con la pared lateral de una casa, tras lo cual se dio a la fuga, dejando al empresario dentro del vehículo.

La huida no duró mucho, pues la policía ya los tenía identificado y al día siguiente, ambos terminaron presos junto a sus cómplices. Los cuatro, ahora, serán juzgado por el delito de secuestro extorsivo agravado por la edad de la víctima, de 70 años, y por el número de interviniente.

El fiscal federal Ricardo Toranzos, quien llevó adelante el caso desde el Área de Casos Complejos, ratificó la acusación y rebatió algunos cuestionamientos que las defensas intentaron interponer, sin éxito. Es más, el fiscal también logró que los cuatro acusados sigan tras las rejas hasta el juicio.

Como frutilla del postre, el abogado Ricardo Espilocín, actor civil, formalizó ante el juez federal Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, una demanda por cinco millones de pesos contra los cuatro acusados, quienes pasaron de estar al frente de un golpe que podría dejarlos millonarios, a estar presos, con la posibilidad de recibir duras condenas e incluso ser condenados a pagarle a Giménez la demanda exigida.

En la audiencia, el fiscal resaltó asimismo el profesionalismo de los investigadores que participaron tanto en las pesquisas como al momento de llevar adelante la persecución de los dos acusados que llevaban a Giménez al intercambio, quienes ofrecieron una tenaz resistencia y estuvieron a poco de causar una tragedia al estrellarse contra una casa. En los mismos términos destacó también la labor de los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscal (CIF).

Señaló que el hecho se esclareció gracias a un trabajo conjunto entre el Área de Casos Complejos, de la Unidad Fiscal Salta, la Procuración General de la Provincia, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) y la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE).