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Salta

Directora de escuela de Cachi condenada a dos años de prisión por peculado

La docente no podrá volver a ejercer cargos públicos y deberá reintegrar más de 150 mil pesos al Ministerio de Educación. Se trata de dinero sustraído de distintos programas educativos, los cuales estaban bajo su dirección.

Cachi
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SALTA.- La Sala III del Tribunal de Juicio condenó a la exdirectora de la Escuela N°4063 “Victorino de la Plaza”, de la localidad de Cachi, a la pena de dos años de prisión por el delito de peculado. Se trata de la docente Hortensia Bega de Vargas, quien también deberá devolver al Estado una suma de 162 mil pesos en compensación por el perjuicio económico causado a raíz de las maniobras delictivas cometidas.

La docente, nacida en Cerrillos y de 61 años, fue condenada en un proceso de juicio abreviado por el juez Pablo Farah, quien homologó el acuerdo presentado por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, el cual fue previamente acordado entre las partes, incluida la Fiscalía de Estado, representada por la abogada María Virginia Cabral.

El caso, según surge del expediente, data del año 2010 y la investigación surgió a partir de las actuaciones iniciadas por irregularidades en el manejo de fondos detectados durante un cambio en la dirección de la escuela Victorino de la Plaza.

En vista de ello, el Ministerio de Educación, Ciencia, y Tecnología de la Provincia abrió un sumario que incluyó notas y actas presentadas por la directora Interina del establecimiento educativo, Miriam Martínez.

Se determinó que hasta el año 2010, la escuela era dirigida por Bega de Vargas, quien fue denunciada por el Ministerio de Educación por irregularidades en la rendición de fondos del Programa PIIE (Programa Integral para la Igualdad Educativa).

Asimismo, se advirtió la existencia de deudas con diferentes proveedores del comedor escolar que funciona en la escuela. Al respecto, las docentes Carmen Graciela Escalante y Gregoria Jerónimo, mediante una exposición policial, indicaron que sus firmas habían sido falsificadas en documentaciones de compras.

Por otra parte, se detectaron también irregularidades en el manejo de fondo del programa Volver a la Escuela, por el cual Bega de Vargas había recibido una orden de pago, sin que constara la rendición correspondiente a dichos fondos.

Auditoría

Dadas estas inconsistencias, se realizó una auditoría respecto a los movimientos realizados por la directora, pericia que estuvo a cargo de la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Educación. Como resultado de la misma, se concluyó que se “estaría ante la presencia de una irregularidad administrativa contable que se hace evidente ante la inexistencia de documentación que justificase la salida de dinero público de la Hacienda Provincial y que constituirían erogaciones sin justificar en la gestión de la docente Bega de Vargas”.

También se identificaron las irregularidades administrativas, atento a la ausencia de registros contables y comprobantes que la docente no rindió respecto a las sumas que fueron recibidas en los programas respectivos, evidencias que la docente no pudo rebatir y mucho menos explicar.

Como consecuencia de ello, es que la defensa propuso resolver el conflicto a través de un juicio abreviado, el cual no sólo incluyó una pena de dos años de prisión, sino también la devolución del dinero con los intereses correspondientes.

La docente, en la audiencia de juicio, expresó su conformidad al procedimiento abreviado y confesó su culpabilidad en el hecho objeto de juzgamiento intimado en su contra, para finalmente prestar conformidad con la pena ofrecida por el Ministerio Público Fiscal y el acuerdo civil propuesto por la Fiscalía de Estado.

En su fallo, y al referirse a la calificación legal, el juez explicó que el delito de peculado consiste en la sustracción indebida de recursos pertenecientes al Estado por parte de quienes se encargan de su resguardo y supervisión. “Por lo antes descrito, se puede decir entonces, que el peculado forma parte de lo que todos conocen como corrupción. La persona que comete peculado por lo general trabaja para el Estado y al incurrir en esta falta, está defraudando la confianza que se le otorgó”.

En base a ello, el magistrado sostuvo que el delito probado con la sustracción de caudales que el agente tenía bajo su custodia y administración. “En esta acción ha incurrido Bega de Vargas, en su función de directora de la escuela Victorino de la Plaza, al destinarlos a su patrimonio personal en vez de aplicarlos al destino prefijado”.