SALTA.- La crisis a partir de la muerte del docente Alejandro Benítez alcanzó ya un pico de tensión que puso en peligro la continuidad del acuerdo de reciprocidad que Argentina y Bolivia habían firmado el 19 de julio de 2019, con el cual se desactivó un intento del gobierno provincial de Jujuy de legalizar el cobro a los ciudadanos bolivianos por la atención médica que reciben de este lado de la frontera, reclamo que ahora volvió a cobrar sentido.
En la letra del tratado bilateral, los gobiernos de Evo Morales y Mauricio Macri dejaron en claro que el acuerdo estaba dirigido a “garantiza la gratuidad y oportunidad de los tratamientos de las urgencias y emergencias que afecten a nacionales de una Parte que se encuentren en el territorio de la otra Parte independientemente de su estatus migratorio”.
Y para que no queden dudas, aclararon que los términos urgencias y emergencias se definen de la siguiente manera: “emergencia es toda condición de salud o cuadro clínico que implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para una persona humana de no mediar atención médica inmediata e impostergable. Urgencia es toda condición de salud o cuadro clínico que precisa atención sanitaria inmediata e impostergable para aliviar el sufrimiento de la persona humana y evitar complicaciones graves posteriores”.
Pese a este marco, el domingo pasado, en la localidad boliviana de Chapare, el docente Benítez no recibió ninguna de las atenciones médicas rubricadas en el acuerdo. El profesor había sufrido un accidente de tránsito, pero nadie acudió en su ayuda, del otro lado de la frontera.
Según lo denuncias por sus amigos, testigos directos del siniestro, una ambulancia del sistema de salud boliviano se negó a trasladarlo porque no tenía dinero para pagar ese servicio, como así tampoco recibió una adecuada atención al llegar a un centro médico público.
Lo sucedido en Bolivia incumple todo lo plasmado en el tratado, situación que, al darse a conocer en Salta, desató una cadena de repudio, declaraciones oficiales de ambos gobiernos, entre ellas del propio presidente de la Nación, Alberto Fernández y del ex presidente boliviano, Evo Morales.
En una primera declaración, el ex presidente del Estado Plurinacional se mostró más a la altura de la situación y pidió disculpa en nombre de los bolivianos, aunque a los días, se volvió sobre sus pasos y aseguró que el docente sí había recibido la atención médica del caso.
Razones de incumplimiento
Los funcionarios de la cancillería boliviana, en tanto, repitieron el último discurso de Morales, pero sin dar precisiones de cuál fue la atención médica que Benítez recibió en ese país, interrogantes que dejaron pendientes hasta tener en mano un supuesto informe de las autoridades sanitarias involucradas.
El giro, en un tono más hostil hacia la familia del docente, responde, en realidad, a un detalle que surge del mismo acuerdo, el cual tiene una vigencia de cinco años, a cumplirse en un par de años, con la factible posibilidad de ser renovado.
Dicha renovación, la que parecía ya un hecho, ahora entró en un terreno mucho más complicado, pues de comprobarse el incumplimiento del tratado, el mismo podría caerse, posibilidad que podría tener un impacto distinto en ambos países.
Para la Argentina, y después de lo sucedido con Benítez y otros tantos ciudadanos que la pasaron mal cuando sufrieron distintos percances médicos, el cese del convenio no tendría mayor relevancia, mientras que del lado boliviano se niegan a perder los beneficios del convenio de reciprocidad.
Es que no es ninguna novedad de que miles de ciudadanos bolivianos llegan a nuestro país, a través de Jujuy y Salta, solamente para recibir atención médica gratuita, lo que no sucede en viceversa. Pero esta no sería la única razón, pues hay otra causa que asustaría más al gobierno plurinacional.
Se trata de las firmes intenciones que tiene el gobernador jujeño Gerardo Morales, quien el 5 de febrero de 2019, logró la sanción de la ley provincial N°6116, a través de la cual se disponía a instrumentar el cobro de la atención médica para los extranjeros, siendo la mayoría de ellos los oriundos de Bolivia.
“Mi Provincia aprobó ayer la Ley Nº 6116 que promueve el cobro del acceso al servicio de salud pública a ciudadanos extranjeros en tránsito por Jujuy”, había anunciado el gobernador jujeño por medio de la red de Twitter, iniciativa que, ahora, volvió a ponerse sobre la mesa.
En vista de ello, el gobierno boliviano se percató de que un pedido de disculpas significaría el reconocimiento del incumplimiento del acuerdo, algo que facultaría a la no renovación del mismo y daría paso al proyecto de cobro para los ciudadanos de ese país que sean atendidos por el sistema público de salud.
