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Confirman cautelar sanitaria a favor de comunidades originarias en el norte de Salta

En un segundo fallo, la Corte de Justicia ratificó una serie de medidas destinadas a paliar la grave crisis sanitaria que afecta a niños originarios. Se trata de acciones que el gobierno provincial había resistido por considerarlas “arbitrarias”.

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SALTA.- La Corte de Justicia de la provincia de Salta confirmó una medida cautelar dispuesta por la jueza de Minas, Victoria Mossman, en el marco de un amparo presentado por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación en favor de menores en situación de riesgo sanitario. La implementación de la medida había sido apelada por el gobierno provincial, el que ahora deberá cumplir con dicho mandato.

En el recurso de amparo, planteado el 24 de noviembre de 2021, la defensora nacional Marisa Graham expuso la crítica situación de acceso a la salud y atención que sufre la niñez en el norte de la provincia, en especial en las comunidades originarias ubicadas en el departamento General San Martín. Y, sobre todo, por el alto porcentaje de niños en estado de desnutrición.

En respuesta, la jueza Mossman se declaró incompetente, pues la causa del amparo tiene como destinatario al Poder Ejecutivo y sus políticas sanitarias. No obstante, la magistrada no esquivó del todo el bulto e hizo lugar a una medida cautelar que se solicitó para darle una respuesta inmediata a los casos más urgentes.

Mossman, en ese fallo, ordenó a la Provincia disponer a través de una persona o dependencia, el enlace necesario para responder a las urgencias de las infancias wichí requirentes del acceso a la salud, mientras que el fondo de la cuestión quedó en manos de la Corte de Justicia, la que recién acuso recibo cinco meses después, al dictar un fallo mediante el cual asumió la competencia del recurso y también la medida cautelar.

En respuesta, el Poder Ejecutivo no objetó que sea el alto tribunal de justicia el que esté al frente de la resolución del amparo, pero sí se opuso a cumplir con la medida cautelar, por lo que apelaron dicha disposición. Y, por ende, tampoco hicieron nada para implementar tal medida.

Situación de riesgo

En este punto, cabe destacar que la jueza Mossman, al evaluar la situación de urgencia y emergencia sanitaria de las infancias y adolescencias originarias y su vulnerabilidad multicausal, reconoció la situación de riesgo del derecho a una vida digna que padecen niños y adolescentes en el norte salteño.

En vista de ello, dispuso “que los titulares de las carteras de Salud y Desarrollo Social comuniquen el nombre de una persona o dependencia que funcione de enlace frente a situaciones de urgencia del colectivo afectado, para evitar faltas de coordinación o pérdida de tiempo en detrimento de los derechos de las personas involucradas”, como así también que desde la provincia se garanticen “diversas medidas de información y publicidad para tornar efectivo lo dispuesto”.

Frente a ello, y pese a tratarse de una acción de gobierno que se presentaba simple, en especial si se compara con la cantidad de designaciones de empleados que se realizaron en los últimos años, el Poder Ejecutivo se negó a cumplir con tal medida.

Entre los argumentos esgrimidos, el gobierno afirmó que “la orden de indicar una persona o dependencia que gestione las situaciones de emergencia de los niños wichí redunda en una facultad discrecional del Poder Ejecutivo, implica un gasto y una reestructuración de la administración pública. Por tales razones considera que lo decidido resulta arbitrario y carente de fundamento jurídico”.

Este fundamento, como otros más enunciados en el mismo sentido, no tuvieron eco, pues el alto tribunal decidió rechazar la apelación del gobierno al anteponer numerosa jurisprudencia que recomienda, ante estos casos, priorizar el interés superior de los menores. De esta manera, se confirmó una vez más la obligación por parte del Poder Ejecutivo de cumplir con la medida cautelar tendiente a la atención de las urgencias y emergencias.

Ley de salud intercultural

Este revés judicial se suma a otro similar, también dispuesto por la Corte en otro fallo apelado, en el cual se tramita el amparo presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la que reclamó por la aplicación y reglamentación de la ley 7.856 de salud intercultural, norma dirigida a terminar con los obstáculos en el acceso a la salud que enfrentan niñas y niños de comunidades originarias, producto de la discriminación histórica que ejerce en su contra el sistema sanitario.

Sobre este planteo, el cuestionamiento contra el gobierno no sólo apunta a la falta de reglamentación de dicha ley, sino a la falta de designación de originarios en puestos sanitarios; en particular, en centros de atención médica, ya que muchas veces la falta de atención sanitaria se debe al hecho de que los pacientes no hablan el castellano, sino lenguas originarias.

En tal sentido, el ministro de Salud, Juan José Esteban, explicó que “el problema es que los chicos llegan al Hospital con un cuadro muy grave e importante, que es la septicemia, que es la infección de la sangre. Los caciques son aliados de la comunidad y debe haber otro tipo de alarma entre los originarios”.

Por su parte, Isaac Medina, cacique y referente originario, solicitó “que haya gente de las comunidades trabajando en el Hospital». «He visto como viene gente (originaria) que no sabe hablar (el castellano), y es donde hacen falta agentes aborígenes. En un año hubo cerca de 40 agentes sanitarios, pero marginaron a los indígenas y acomodaron a los criollos. Dejan a un costado a la gente de pueblos originarios. Las madres no entienden lo que les explican. Tiene que haber un agente sanitario que pueda hacer entender a las madres”, agregó.

La contratación de integrantes de las comunidades indígenas, sin embargo, se conecta con otro problema de base. Y es que muchos de ellos, sino casi todos, no han finalizado los estudios secundarios, siendo este uno de los requisitos que se imponen para poder acceder a la capacitación de agente sanitario.

A ello se suma el hecho de que, aquellos que llegaron a terminar el secundario, deben superar la dificultad idiomática y competir con otros aspirantes que poseen mayor capacitación en los exámenes de ingreso, siendo los cupos limitados.