TARTAGAL (Salta).- Diez suboficiales pertenecientes a la Comisaría 45 de la ciudad de Tartagal fueron imputados este miércoles por la muerte de Franco Centurión, ocurrida a fines de noviembre de 2021, luego de pasar 15 días detenido por una pistola vieja que había encontrado en el monte.
Durante ese lapso, sufrió golpes, maltrato y no le proveyeron la atención médica requerida por su cuadro como paciente oncológico. Es más, apenas quedó libre, fue internado en el hospital local por lesiones internas en el hígado, situación que se agravó y tuvo que ser trasladado a Salta en delicado estado.
Tras dos semanas por tratar de recuperarlo, finalmente Centurión murió. Su deceso no quedo en el silencio, pues su padre denunció a los policías y llevó adelante una campaña de reclamo y justicia por la muerte de Franco, en especial, porque al saber que había sido detenido se presentó en la comisaría e informó sobre su delicado estado de salud.
Santos Centurión, su padre, reveló a todos los medios los detalles de lo sucedido con su hijo, incluso la respuesta que el dio el jefe de la comisaría 45. “Aquí no se le pega a nadie”, le habían asegurado, sin embargo, esas solo fueron palabras, pues en esos quince días, Franco fue golpeado una y otra vez.
Tras su muerte, los fiscales penales de Tartagal Gonzalo Vega y Gabriel González han imputado al jefe y su segundo en el mando, mientras que ahora agregaron a otros diez policías, de menor rango, como responsables de las lesiones que derivaron en la muerte de Franco.
Lo llamativo del hecho, y de lo que nadie mencionó nada, tiene que ver con la probable responsabilidad de la autoridad judicial interviniente, la que debió haber advertido la situación de indefensión que atravesó el joven detenido, en especial, la falta de atención médica.
Según el Código Procesal, la detención de personas sospechosa de delitos debe ser informada, tanto a la fiscalía como al juzgado, los que deben controlar y disponer medidas del caso, aspectos del cual nada se sabe, a menos, que por quince días los policías hayan burlado a la autoridad judicial.
Ocurrido el deceso del joven, sin embargo, la fiscalía actuó de inmediato y avanzó con las imputaciones penales contra los policías, sin que hasta ahora se haya dado a conocer qué medidas se tomó a fin de determinar si existieron posibles responsables, ya sea en la fiscalía penal o en el juzgado.
Nuevos acusados
Como se sabe, los primeros imputados por la muerte de Centurión fueron el jefe de la Comisaría 45 de Tartagal, de 47 años y segundo jefe, de 43 años, a quienes se les imputó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Este miércoles, y como resultado de los avances obtenidos en la investigación, los fiscales ampliaron la acusación a otros dos suboficiales por el delito de vejaciones, en consideración que habrían dispensado un trato denigrante a Centurión, al hacer que se quitara la ropa y ejercer acciones humillantes y de burla por su aspecto físico.
La acusación se extendió a otros ocho policías más, los que fueron imputados como autores de los delitos de severidades en concurso ideal con omisión de los deberes de funcionario público toda vez que los acusados no habrían provisto a Centurión de la atención médica que requería y que solicitó expresamente en un contexto de encierro.
Tampoco consideraron la altísima vulnerabilidad del detenido, privándolo del derecho de la salud, del que ellos eran garantes. Por otra parte, omitieron dar cumplimiento con las obligaciones funcionales que dispone la Resolución 052/99 de la Secretaría de la Gobernación de Seguridad, que dispone en el Capítulo II Sección IV Del Celador, el impone el deber de velar por la seguridad física y moral de cada uno de los detenidos alojados en la dependencia.
Como así también, registrar en el libro de guardia todas las novedades surgidas en el turno en relación a los detenidos, tales como enfermedades, atenciones médicas recibidas, visitas, etc. Con lo que se verifica el incumplimiento funcional doloso.
Detenido en un control
En su denuncia, radicada el 17 de diciembre, Santos Centurión señaló que su hijo había salido de casa el 11 de noviembre de 2021. Salió en su moto y un amigo en dirección al monte para juntar algarrobas, lugar donde Franco encontró una pistola vieja, la cual guardó en su mochila.
De regreso a Tartagal, los jóvenes fueron detenidos en un control de la policía motorizada, siendo requisado. Al hacerlo, encuentran el arma y lo detienen por portación ilegal, mientras que su amigo se marchó a la casa de su padre para informarle lo sucedido.
Cuando Santos llegó a la dependencia, vio a su hijo de lejos esposado, por lo que pidió hablar con el jefe, al que le explicó que su hijo se trataba de un trasplantado de medula ósea, por lo que le rogó que no lo maltraten, pues eso podía ser fatal para el joven.
“Aquí nadie pega a nadie”, le respondió el comisario, pero según algunos testigos, esa misma noche su hijo fue víctima de varios policías, quienes lo habrían humillado y golpeado brutalmente, dejándolo en muy malas condiciones y sin ningún tipo de atención médica.
Reveló además que a su hijo lo desnudaron, lo obligaron a hacer saltos de rana y mientras le iban pegando golpes y patadas, pasada esa primera golpiza y cuando estaba levantado su ropa, apareció otro policía que le asestó un fuerte golpe, dejándolo seminconsciente, momento en el que otros policías habrían aprovechado para patearlo. Según Centurión, el comisario vio todo y avaló el maltrato.
Al quedar libre, su padre notó a Franco decaído y cansado. Más tarde, se percató de que orinaba sangre, por lo que lo internó en el hospital Perón y luego, ante la gravedad del cuadro, fue trasladado al San Bernardo. El diagnóstico con el que sale del nosocomio de Tartagal indica que Franco tenía un pulmón que no le funcionaba, el hígado gravemente afectado y una úlcera en la pierna, por lo que evaluaron cortársela.
