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Salta

Otro pedido de desafuero para Gustavo Orozco, a Huergo le dieron turno de juicio y el fiscal Snopek achicó el score

Julio, un mes para el olvido en el que se fueron dos ministros de economía, el dólar se fue a 340 y en Salta designaron a Fonseca en una secretaria que iban a cerrar, finalizó con varias novedades en el ámbito judicial que dieron mucho que hablar.

Gustavo Orozco
Gustavo Orozco
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SALTA.- El viernes pasado, el último día hábil del mes, desde la ciudad judicial se anunció que Matías Huergo, el empresario acusado de uno de los mayores hechos de fraude con obras del Estado, enfrentará en octubre su primer juicio en la materia; casi como a la pasada, también se informó sobre otro pedido de desafuero para el diputado provincial Gustavo Orozco. Por último, la jueza Claudia Puertas le dio una alegría al fiscal federal Francisco Snopek, al sobreseerlo por delitos menores en el escándalo que enfrenta por un presunto incidente de violencia de género.

El fallo le favoreció al fiscal hasta en la foto con la que venía siendo reflejado, la que fue remplazada por una tomada varios años antes y con un porte más formal, con lo cual se comenzó a bajar los decibeles del caso, el que aún están lejos de su resolución.

Es que la jueza también rechazó la excepción de previo y especial pronunciamiento por falta de acción que planteó la defensa del fiscal respecto al delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por el género por el que sigue acusado. Para ello tuvo en cuenta la perspectiva de género exigida por las normas vigentes que buscan elevar los niveles de protección y promoción de los derechos de aquellos sectores de la sociedad que, por diversos factores aparecen en desigualdad de origen.

A esa decisión, la jueza le sumó el sobreseimiento en relación al delito de daños por el que también había sido imputado, medida que fundó la excusa absolutoria contemplada para el artículo 185 del Código Penal. A modo de explicación, indicó que, si bien es cierto “existe un compromiso del Estado de condenar todas las formas de violencia contra la mujer, no pueden iniciarse actuaciones penales por hechos que la ley no considera delitos al momento de su comisión y que se encuentran amparados por una excusa absolutoria”.

“Así, tal como lo establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa.”

Más beneficios

Como “Bonus track”, la magistrada también sobreseyó al fiscal de los delitos de resistencia a la autoridad y privación ilegítima de la libertad agravada en concurso ideal. Afirmó que no surge que su conducta se ajuste a la acusación y por ello no se configuró el delito. Dijo que “se debe emplear fuerza o intimidación, debe oponerse al cumplimiento de una orden impartida por quien ejerce la autoridad, y que no cualquier conducta destinada a repeler su imposición sería resistencia. Un simple forcejeo entre policía e imputado no es suficiente para configurar este delito”.

Sobre la privación ilegítima de la libertad agravada, explicó que “la conducta del fiscal tampoco se configuró, ya que se requiere que la privación resulte verdaderamente un ataque a la libertad por no mediar consentimiento del sujeto pasivo a restringir sus movimientos y tratarse de una imposición no justificada”.

Recordó que, al cerrar la puerta, el fiscal dejó las llaves sobre la mesa al alcance de los policías, con lo cual se evidenció que la privación de la libertad nunca existió, ya que si hubiera tenido la intención de privar de la libertad a los efectivos policiales no hubiese dejado la llave a disposición de los mismos.

La resolución, obviamente, causó repudio desde los sectores que monitorean los hechos de violencia de género. Desde el vamos, la fiscal Luján Sodero, quien lleva adelante la investigación, aviso que apelará el fallo. Para esta semana, en tanto, no se descartan algunas otras actuaciones legales en torno al caso.

Primer juicio

Entre otras de las novedades salientes, el Poder Judicial informó que, desde el 25 de octubre, comenzarán el primer juicio seguido contra Matías Huergo, en este caso por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la empresa LuSal.

El debate responde a una investigación penal que se inició a partir de la denuncia radicada el 8 de junio de 2017 por los representantes legales de LuSal. Mantelectric I.C.I.C.S.A. e Ilubaires S.A. Unión Transitoria de Empresas, las que expusieron irregularidades cometidas por el empresario desde finales del año 2015.

Para esa fecha, Huergo, que se desempeñaba como gerente, habría realizado una serie de actos fraudulentos, valiéndose de la infraestructura, materiales, recursos humanos, equipamiento, suministros, combustible, insumos varios de la firma, entre otras cosas. Todo, según lo denunciado, redundó en beneficio de su empresa Arcadio Obras Eléctricas S.R.L.

Huergo, quien en la justicia federal mantiene otro proceso penal abierto como presunto jefe de una asociación ilícita tributarias, será juzgado por el juez Martín Pérez, vocal de la Sala I del Tribunal de Juicio. La acusación, en tanto, será llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. La querella, en tanto, estará en manos de los abogados Federico Rodríguez Spuch y Nicolás Ortíz. Su colega, Guido Giacosa intervendrá como defensor.

El aviso del juicio, como era de espera, también dio que hablar, aunque no tanto con respecto a la causa por la que Huergo será juzgado, sino más bien por otras dos causas que el empresario tiene pendiente, tanto en la justicia federal como en la misma Unidad de Delitos Económicos, las que son aún de mayor peso.

A destiempo

A sabiendas de que el legislador rosarino ya pidió licencia para resolver sus cuentas pendientes con la justicia, la jueza Puertas remitió a la Cámara de Diputados de la provincia un oficio solicitándole el desafuero del diputado Orozco, quien desde el 6 de julio se encuentra de licencia, por lo tanto, no goza de fueros.

La decisión de la jueza responde a lo ordenado por el art. 122 de la Constitución Provincial, que establece que, “cuando se deduzca acusación ante la justicia ordinaria contra un Senador o Diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, puede cada Cámara con dos tercios de votos de los miembros presentes, suspender en sus funciones al acusado.

Orozco, quien ya tiene más causas penales que un tigre manchas, fue acusado por la fiscalía interviniente como autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencias e imposición de torturas en concurso real en carácter de coautor; apremios ilegales, torturas agravadas por el uso de arma de fuego; vejaciones calificadas por el uso de violencia y por el uso de arma de fuego en carácter de autor

La investigación judicial, según lo informado, había comenzado el 29 de abril de este año, a raíz de siete denuncias que fueron acumuladas, y por las cuales Orozco será juzgados, aunque no se trata del único caso, pues el legislador tiene pendiente otros dos juicios por hechos similares.