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Salta

Jueza confirmó la posesión de 600 hectáreas a comunidad wichí de Rivadavia Banda Norte

Se trata de una fracción del Lote Fiscal 22, que estaba en litigio entre una familia que reclamaba el lugar como suyo por haberlo habitado desde 2001 y la comunidad de originarios, quienes finalmente ganaron el reconocimiento legal de las tierras.

Rivadavia Banda Norte
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SALTA.- En un fallo reciente, la jueza en lo Civil y Comercial de Tartagal, Griselda Nieto, hizo lugar a la acción reivindicatoria reclamada por la Comunidad Wichi Lewetes “La Cortada” respecto de una superficie de 600 hectáreas de un lote de mayor extensión, antes conocido como “Lote Fiscal N° 22” de Rivadavia Banda Norte.

Las tierras en litigio habían sido usurpadas por una familia que no fue parte del proceso que concluyó en 2004, cuando el Poder Ejecutivo dictó el decreto 2114/04 por el que se adjudicó el Lote Fiscal 22 a sus pobladores y en julio de 2012 cuando se otorgó la titularidad por Escritura Pública 2849.

En vista de ello, la comunidad originaria entonces inició acción legal como titular registral de los inmuebles. A su vez, el ocupante de la fracción cuestionada invocaba haber ejercido la posesión pública, pacifica e ininterrumpida desde el año 2001.

El viernes pasado, después de un proceso que duró más de seis años, la jueza Nieto finalmente decidió por hacer lugar a una medida cautelar, a través de la cual se dispuso la prohibición de innovar por parte de la familia en la superficie en litigio.

En su fallo, la magistrada le dio preminencia al acto administrativo que reconoció la posesión ancestral de la comunidad Wichi Lewetes La Cortada sobre el inmueble objeto del juicio. Y resaltó que este hecho no fue cuestionado por los ocupantes. “Esta sólida prueba del reconocimiento ancestral, por parte del estado provincial a la comunidad indígena, con la consecuente documentación de la transferencia por títulos válidos, de acuerdo a nuestra normativa legal, unida al hecho de la posesión verificada, permiten sostener que la acción de reivindicación interpuesta por la actora, resulta procedente”.

Explicó que el inmueble en disputa “fue adjudicado en forma comunitaria a la actora”, por lo que resulta indispensable fijar los conceptos necesarios a los fines del presente juicio. En este sentido, puntualizó que “la jurisprudencia sostiene que la posesión comunitaria de los pueblos no es la posesión individual del Código Civil”.

“Por mandato operativo, categórico e inequívoco de la Constitución Nacional, toda ocupación tradicional de una comunidad indígena debe juzgarse como posesión comunitaria, aunque los integrantes no hayan ejercido por sí los actos posesorios típicos de la Ley inferior (art. 2384 C.C.)”, agregó.

Para mayor claridad, recordó que “es la propia Constitución la que nos dice que esas comunidades han poseído y poseen jurídicamente por la sencilla razón de preexistir al Estado y conservar la ocupación tradicional”.

Posesión ancestral

Al repasar las distintas diligencias producidas en el marco del caso, sostuvo que “se llevaron a cabo una serie de medidas destinadas a verificar la existencia de las condiciones necesarias: “posesión” “ancestral” por parte de la Comunidad Wichí, arrojando resultado favorable en el reconocimiento y adjudicación de las tierras a la misma”.

Dijo que dichas constancias se encuentran incorporadas en el expediente, entre las que destacó el hecho de que la documentación fueron acompañados por el Ingeniero Rafael Mario Montaña, Director de Políticas Territoriales Indígenas de la Subsecretaria de Regularización Territorial y Registro de Comunidades dependiente de la Secretaria de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta.

Por otro lado, en tanto, señaló que en las actuaciones se menciona la existencia de “criollos” que emigraron desde otros lugares y se instalaron en un sector del inmueble, por la cual se dispuso la intervención de organismos estatales a fin de que le den protección a la familia criolla agropecuaria, sin que exista desmedro de los derechos de los adjudicados.

En este punto, concluyó entonces en que el acto administrativo que reconoció la posesión ancestral de la comunidad Wichí sobre el inmueble no fue cuestionado por el demandado, o alguno de sus ocupantes, la prueba alcanzó la solidez necesaria para “otorgarle a los originarios el reconocimiento ancestral por parte del estado provincial, con la consecuente documentación de la transferencia de títulos válidos, de acuerdo a nuestra normativa legal, unida al hecho de la posesión verificada, permiten sostener que la acción de reivindicación interpuesta por la actora, resulta procedente”.

Sobre la otra parte, dijo que “al encontrarse alcanzado por la ley de emergencia 7658, en tanto, se trata de una pequeña familia cuyo principal sustento es la agricultura familiar, siendo que la vivienda, y medios de producción y subsistencia se encontrarían en el mismo inmueble objeto de este juicio, la jueza resolvió darle intervención al órgano de aplicación de la ley N° 7658 “a los fines de hacer efectiva las disposiciones”.

Precisó que “si bien el acogimiento de la acción reivindicatoria es viable, no lo es la desocupación hasta tanto el órgano de aplicación de la ley N° 7658 arbitre la política pública adecuada que permita la reubicación del demandado y su familia, sin menoscabo de sus derechos a la subsistencia básica como derechos fundamentales de las personas”.

Por la familia, sostuvo que el mismo “fue el primero, junto a su familia, en ocupar dichas tierras, desde agosto del año 2001. Sin embargo, las pruebas acompañadas y producidas en autos, no resultan suficientes para revertir las especiales características que reviste el derecho que le asiste al demandante, y que fueran descripto en el acápite IV de los considerandos de la presente sentencia”.