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Juzgan a seis policías de Salta que dispararon contra vecinos en barrio La Tablada

Ocurrió en la noche de Navidad de 2016, cuando uno de los informados acusados le apuntó con la escopeta en el pecho a un vecino, quien afortunadamente alcanzó a correr el cañón del arma y así salvarse de recibir un balazo en el pecho.

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SALTA.- Por un violento incidente que casi termina con un vecino muerto, seis efectivos de la policía de Salta son juzgados por el delito de vejaciones calificadas. El caso se dirime en la Sala IV del Tribunal de Juicio y está previsto que, entre el 20 y 21 de este mes, los jueces den a conocer su veredicto.

El caso se remonta a un hecho ocurrido el 25 de diciembre de 2016, en una plaza del barrio La Tablada. Los policías que están siendo juzgados Santiago Orlando Bejarano, Alfredo Walter Abán, Antonio Andrónico Guerra, Gustavo Martín Mamaní, Raúl Marcelo Cabrera y Gustavo Benjamín Monzón.

El debate se lleva adelante bajo la dirección de la jueza Norma Vera, mientras que la acusación está a cargo del fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, quien busca ratificar la imputación penal realizada contra los seis efectivos.

Según el requerimiento de la fiscalía, el incidente se desató, cuando el policía Guerra disparó contra un vecino, lo que derivó en una herida en una de sus piernas, lo que causó una masiva reacción del resto de los vecinos, quienes atacaron a los policías con piedras, y repelieron la agresión a fuerza de disparos con posta de goma.

En la primera jornada de debate, y luego de que se diera lectura a la acusación de la fiscalía, los acusados se abstuvieron de prestar declaración, por lo que la jueza dio paso a la etapa testimonial. En ese marco, los primeros en declarar fueron el vecino lesionado y otros testigos.

Como era de esperar, tanto la víctima como los vecinos que estuvieron cuando todo sucedió, no hicieron más que ratificar la agresión de los policías, con lo cual la situación de los efectivos comenzó a complicarse. Aunque todavía restan varias audiencias y no se descarta que, en algún momento, los imputados den su versión de lo ocurrido esa noche.

La lista de testigos, en tanto, siguió el viernes pasado con los profesionales médicos que intervinieron en el hecho, quienes se refirieron a la lesión que el vecino herido recibió, entre los cuales se destacó el relato del facultativo que atendió al vecino en la guardia del hospital local.

En Navidad

De acuerdo a lo ventilado hasta el momento, la Navidad de 2016, en horas de la madrugada, los vecinos se reunieron en la plazoleta del barrio, escenario done se intercambiaron saludos y festejos, encontrándose los más chicos jugando en un clima de buena vecindad. En esas circunstancias, observaron a un móvil policial estacionado y varios efectivos uniformados que discutían con un vecino, en actitud autoritaria.

Al seguir la escena, vieron cómo, de un momento a otro, los policías comenzaron a hacerse disparos de con la escopeta de corredera o repetición manual. Los impactos se dirigían contra la puerta de la casa del vecino con quien discutían.

Revelaron que, fue entonces, que salió otro vecino (la víctima) y se dirigió hacia donde estaba los uniformados para recriminarle el accionar violento que llevaban adelante, lo que generaba pánico entre los integrantes de su familia y demás vecinos.

En respuesta, el oficial Guerra, quien portaba el arma según dichos del propio oficial y los vecinos, le apuntó en el pecho. Ante su desesperación por la maniobra del policía, el damnificado tomó la punta del arma para que no le diera en el pecho y el impacto del disparo le dio en la entrepierna, lo que demuestra la cercanía de quien produce el impacto respecto del lugar del impacto.

Como consecuencia de tales acciones, consideradas desmedidas e injustificadas por parte de la fiscalía, pues que claramente ponían en riesgo tanto a mayores como a menores. Es más, este cuadro provocó que los vecinos de la zona se manifestaran enojados y molestos con los ocupantes del móvil policial, tanto así que les arrojaron piedras.

Al respecto, el fiscal González sostuvo que los imputados trataron de justificar su accionar mediante los protocolos de actuación, siendo que “el mismo protocolo recomienda que quien esté a cargo debe utilizar criterio, pero sobretodo, evitar el roce y la agresión, máxime cuando su propio lema es la seguridad como compromiso y responsabilidad social”.

Protocolos

También recordó que el protocolo, además, hace alusión expresamente al uso de armas como el último recurso y no como en este caso, en el que fuera el detonante de lo que luego se desencadenó, el disparo y consecuente lesión provocada al damnificado. Y agregó que “el protocolo recuerda que se debe pedir apoyo en caso de que el número supere a la fuerza y retirarse a una distancia considerable, a fin de evitar males mayores”.

Según lo manifestado por el chofer del móvil, los efectivos salieron del lugar rápidamente y a pocas cuadras venía un refuerzo policial. De este modo se ratifican los dichos de los denunciantes de que luego de haber causado las lesiones a la víctima, no prestaron el debido auxilio a los lesionados y se retiraron del lugar, abandonando incluso a un compañero de la misma fuerza que quedó en otra zona.

Es por ello que los imputados responden por el delito de vejaciones calificadas, que corresponde toda vez que el funcionario que desempeña un acto de servicio cometiere cualquier vejación, la que se encuentra agravada o calificada por el uso de la violencia física, la que se encuentra absolutamente comprobada en el legajo, por testimoniales, historias clínicas, fotografías e informes.