SALTA.- Aunque no se trata de la mayor acusación que pesa sobre el ex intendente en materia de corrupción, los sanlorenceños festejan que por fin el ex jefe comunal, Kila Gonza, investigado por varios ilícitos en el manejo de fondos, sea sentado en el banquillo de los acusados para dar respuestas de las maniobras que perjudicar al municipio.
En este caso, Fernando “kila” Gonza deberá responder por delitos que habrían sido cometidos en la gestión de 2007 a 2011, los que recién salieron a luz en 2018, cuando la ex pareja de otro funcionario municipal denunció el desvío de fondos en beneficio de una empresa fantasma, inscripta a su nombre.
La denuncia, en realidad, surgió de un efecto cascada que se inició cuando la AFIP reclamó a la denunciante una deuda de más de medio millón de pesos por cargas impositivas derivadas de facturaciones de grandes sumas de dinero en calidad de “contratista” de la municipalidad de San Lorenzo.
Si bien los movimientos estarían probados, según la acusación que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos llevará a juicio, no está muy claro el daño, pues los pagos realizados a la empresa de la denunciante surgirían, tanto de las arcas de ese municipio y también de dinero que era remitido por el Instituto Provincial de Viviendas, del estado provincial.
No obstante, se habla de sumas que rondan entre los 700 a los 6 millones de pesos, montos que, a lo largo del debate, quedarán más en claro, como así también el origen y el destino que tenía esas partidas.
Por lo pronto, y según surge de la información oficial revelada por la justicia, Gonza y Armando deberán responder por los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real.
La Sala I del Tribunal de Juicio, integrada por los jueces Ángel Amadeo Longarte, Javier Aranibar y María Gabriela González, estará a cargo del debate. La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, en tanto, llevará adelante la acusación, en tanto que la defensa de los imputados estará a cargo del abogado José Fernando Teseyra, por Gonza, y Miguel Alfredo Lucena y Carlos Agnostópulos, por Armando.
Por las características del caso, considerado de alta complejidad, el tribunal tiene previsto audiencias hasta el 3 de noviembre. Hoy, por lo tanto, los jueces darán inicio al debate con la lectura de la requisitoria a juicio, tras lo cual se espera que los acusados presten declaración. Caso contrario, se escuchará a los principales testigos presentados por la fiscalía.
La denuncia
De acuerdo a la acusación impulsada por la fiscalía, los delitos imputados salieron a luz tras la denuncia de la mujer de otro ex funcionario municipal, a nombre de la cual se había registrado una empresa constructora que fue contratada por el ex intendente Gonza para importantes obras, cuya ejecución fueron puestas en dudas por el Concejo Deliberante, en especial por el edil Juan Pablo Dávalos.
“A partir de mi separación comprendí la situación en que me habían colocado, pues con engaños se me inscribió como monotributista H, trámite que se arregló con el intendente de San Lorenzo, Ernesto Gonza, para que le dieran obras en las que figuraba yo como contratista, pero en realidad eran arreglos de ellos”, sostuvo la denunciante.
El ventilador se encendió en octubre de 2018, cuando la mujer reveló que, con la colaboración de funcionarios municipales, se realizaron maniobras fraudulentas para desviar fondos de la comuna destinados a la construcción de módulos habitacionales. A ello, se sumó una ampliación de denuncia, realizada el siete de noviembre, cuando sindicó a otros implicados, entre ellos Armando, hermano del secretario de Gobierno, Rodolfo Armando.
Indicó que “le hicieron facturar por supuestas soluciones habitacionales” por 7 millones de pesos con fondos que provenían del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Y agregó que: “muchas veces me pedía que separara dinero para darle la comisión al señor Aldo Gonza, hermano del intendente”.
“Con la cantidad de pruebas que hay no se puede mirar al costado”, dijo el concejal Dávalos y resaltó que “el intendente no puede desconocer el caso”. Por su parte, Manuel Saravia, abogado de la denunciante, señaló que esta operatoria de buscar parientes cercanos para que figuren como ganadores de licitaciones en el municipio es algo que se repitió en este caso con un cuñado del mismo funcionario, que figura como ejecutando parte de estas soluciones habitacionales en San Lorenzo.









