SALTA.- El fiscal federal de Salta, Ricardo Rafael Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, dirigirá por tres años el rumbo de una de las dos entidades de mayor peso judicial del país. Se trata de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, hasta ayer, presidida por Carlos Rívolo, fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bajo un clima de absoluta cordialidad, y con la visita de numerosas autoridades judiciales y otros importantes operadores de la justicia nacional, Toranzos fue puesto al frente de la AFFUN junto a Susana Marta Pernas, fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores en CABA y Virginia Miguel Carmona, fiscal general interina en La Rioja, quienes lo acompañaran como vicepresidenta primera y segunda respectivamente.
Diego Hernán Flores, Prosecretario Letrado PGN y Alberto Adrián Gentili, en tanto, asumirán funciones como vicepresidente de Funcionarios y secretario general de la asociación, creada mediante acta fundacional el 26 de noviembre de 2004, reconocido con personería jurídica el 14 de julio de 2005.
Entre otros fiscales y funcionarios que completan la nómina de autoridades, en tanto, también se encuentran el fiscal federal de Tartagal, Marcos Romero y la auxiliar fiscal de Orán María del Carmen Núñez, los que se desempeñarán como delegados regionales.
La llegada de Toranzos al máximo cargo dentro de esta entidad, que se compara en peso con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, fue como resultado de las elecciones llevadas a cabo el 3 de octubre pasado, cuyo resultado catapultó al fiscal salteño.
De esta manera, Toranzos, quien acompañó a Rívolo como vicepresidente primero, se convierte en el primer magistrado del MPF que no pertenece a las zonas de CABA y Provincia de Buenos Aires, las que concentra la mayor tarea judicial del país, en lograr la presidencia de la institución.
Sin dudas, este paso posiciona también a Salta en un lugar de vanguardia dentro de la administración de justicia a nivel nacional, máxime si se tiene en cuenta que la provincia, junto a Jujuy, fueron seleccionadas para dar el puntapié inicial con la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, el que ha cosechado numerosos avances y éxitos desde su puesta en marcha.
Trayectoria
Toranzos, está de más decirlo, es un fiscal de larga trayectoria en el Ministerio Publico Fiscal de la Nación, es reconocido por sus investigaciones a organizaciones criminales, con la aplicación de herramientas especiales, tanto el ámbito de narcotráfico, trata de personas y hechos de corrupción.
Entre otros casos, llevo adelante la mega causa “UNSA -Salta” por violación a los derechos humanos en el proceso militar. Participó en diversas causas emblemáticas en el norte del país y tiene reconocimiento internacional, en distintas instituciones, entre ellas la Federación Latinoamericana de Fiscales, en la que cumple funciones como secretario general.
En los últimos años, en tanto, investigó, llevó a juicio y condenó a varios funcionarios de gobierno, tanto provinciales como nacionales, por el cobro ilegal del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en su mayoría concejales y ex gerentes del PAMI, en agencias del interior de la provincia de Salta.
En septiembre pasado, en materia de capacitación, participó de la 27 Conferencia Anual y la Reunión General de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), realizada en Georgia, de la cual participaron 300 fiscales de 60 países y representantes de las unidades relevantes de la ONU.
Ahora, en tanto, dirigirá las riendas de la AFFUN en aras de cumplir con su propósito fundamental: “promover la justicia en defensa de los derechos humanos” a través de los siguientes objetivos:
a) Defender y afirmar la integridad profesional garantizada por la Constitución Nacional al Ministerio Público Fiscal.
b) Defender y afianzar, en todos los ámbitos, la independencia y autonomía de cada uno de los Fiscales que componen el Ministerio Público Fiscal.
c) Bregar por la vigencia y operatividad de los derechos y facultades que, en coherencia con lo dispuesto por el art. 120 de la Constitución Nacional, garantiza el ordenamiento legal vigente.
d) Afianzar la dimensión institucional del Ministerio Público Fiscal en el servicio de justicia.
e) Jerarquizar la actuación de los operadores del Ministerio Público Fiscal y garantizar su capacitación profesional.
f) Fomentar la cooperación y el intercambio con organizaciones nacionales e internacionales, vinculadas al servicio de justicia.
