SALTA – Aunque la Corte de Justicia aún no lo hizo oficial, el Ministerio Público Fiscal, con un fuerte acento en la política, salió al cruce y confirmó la decisión negativa del alto tribunal de justicia provincial respecto a un pedido que el diputado Gustavo Orozco interpuso a fin de evitar ir a juicio junto a otros siete policías, en este caso por los delitos de tortura, apremios ilegales, vejaciones y coacción.
Con este anunció, la Procuración General le metió presión al juez Héctor Guzmán, del Juzgado de Joaquín V. González, del distrito judicial de Anta, para que fije la fecha del debate oral y público, lo que no sólo significaría un duro golpe a sus aspiraciones políticas, sino que, incluso, lo sacaría del ruedo electoral que se avecina.
Avance de la causa
Para frenar el avance de la causa penal a juicio, Orozco planteó, a través de su defensa, un recurso extraordinario federal, con el cual el caso, como mínimo, se dilataría, al menos, lo suficiente como para competir electoralmente, ya sea para revalidar su banca, o bien, ganar otra parada más interesante.
Como se sabe, Gustavo Orozco se encuentra acusado por siete hechos de torturas, apremios, vejaciones y coacción cometidos entre los años 2014 y 2015, cuando cumplía la función de jefe de la Brigada de Investigaciones en Rosario de la Frontera, en el sur provincial. En la misma bolsa, también están los policías Andrés Suárez, Javier Reynoso, Víctor Orellana, Rubén Medina, Víctor Luna, Denis Coronel y la policía Andrea Díaz.
Tras analizar el pedido defensivo, la Corte, con los votos de las juezas Sandra Bonari, Adriana Rodríguez Faraldo y el juez Sergio Fabián Vittar, entendió que “si bien se invoca la existencia de una cuestión federal, tal afirmación se encuentra desprovista de razones jurídicas que la respalden y que se vinculen directamente con el caso”, y que los agravios vertidos en el recurso son reedición de lo ya planteado en otras instancias.
La causa lleva más de un año y medio a la espera de la resolución de los sucesivos recursos planteados por la defensa del diputado, ejercida por el abogado Nicolás Vedia, quien viene solicitando el sobreseimiento de los otros acusados.
Pero esto no todo, y la misma fiscalía se encargó de destapar la alfombra, donde se encuentra más avanzada, por lo que ya se da por descontado, que el juicio está a la vuelta de la esquina para Orozco, quien estaba tan seguro de haber dado vuelta la página que armó su propio partido, sin embargo, la justicia le sigue golpeando la puerta.
Tanto así, que casi en paralelo, las pintadas que sorprendieron hace unos meses atrás, con el nombre de Orozco por encima del cargo a gobernador, ahora y por arte de magia, se tiñeron de amarillo y hasta que el nombre del diputado fue remplazado por el de Alfredo Olmedo, otro exponente de peso del sur provincial.
Observador
Conocido este fallo adverso para Orozco, desde el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, Andrés Giordamachi se mostró conformes “con esta resolución de la Corte, la que rechazó los planteos y los recursos presentados por la defensa».
Incluso el referente fue más allá y sostuvo que se presentará como observador en esta causa. Giordamachi afirmó que están interesados en que los hechos que se investigan, “en los que hubo una grave violación a los derechos humanos, llegue a un juicio oral y público y que recaiga una sentencia con perspectiva de derechos humanos”.
Resaltó, a su vez, que el veredicto final “debe cumplir con los compromisos internacionales asumidos tanto por la provincia salteña como por el estado argentino”. En ese sentido, destacó que las sentencias “por torturas son una gran deuda que tiene la justicia salteña”, en el sentido de que los hechos de violencia policial suelen conllevar carátulas y condenas más leves, e indicó que el Comité “viene trabajando para revertir esa situación”.
Señaló que los diversos recursos de la defensa de Orozco solo han tenido el objetivo de dilatar el proceso. Dijo que el Comité sigue “a la espera de que se fije de una vez por todas la fecha de debate”. Cabe recordar que luego de tomarse una licencia en la Cámara de Diputados, Orozco volvió a su banca.
Cabe mencionar que, en otra causa por amenazas a raíz de un hecho cometido el 28 de julio de 2021, el juez Mario Dilascio ya pidió a la Cámara de Diputados que tramite el desafuero del legislador. Sin embargo, en esta causa por torturas aún no llegó ningún pedido de desafuero a la Cámara.
