SALTA – A través de un comunicado oficial, la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, a cargo del fiscal federal José Luis Bruno, confirmó la apertura de una investigación penal en torno a la entrega de beneficios en el marco del “Programa Acompañar”, el que se sustenta de fondos nacionales, razón por la cual la justicia federal tomó cartas en el asunto.
El escándalo estalló en el municipio de Tartagal y surgió a partir de denuncias que dejaron a una funcionaria del área de Asuntos de la Mujer, Carla Cordero, en una posición muy difícil, pues todo indica que tendría una participación activa en la concesión de los beneficios económicos previsto por dicho programa, creado para ayudar a víctimas de violencia de género.
Al respecto, la auxiliar fiscal María del Carmen Núñez, informó que en los últimos días se llevaron adelante diversas medidas judiciales, aunque no se descarta que haya otras diligencias en curso, pues la tarea está dirigida a “reunir evidencias que permitan establecer la posible responsabilidad de funcionarios u otros agentes en la entrega de dichos beneficios”.
Extraoficialmente, sin embargo, trascendió que las denuncias apuntan a una empleada municipal, Sandra Domínguez y a la directora de Asuntos de la Mujer y Diversidad de Género de la Municipalidad de Tartagal, Carla Cordero, una funcionaria del entorno directo del intendente radical Mario Mimessi, quien quedó salpicado por este escándalo.
Entre las denunciantes, además de algunos ediles, se encuentra una beneficiaria del programa, la que afirmó que Domínguez le pidió depositar en una cuenta a nombre de su hijo, la suma de 10 mil pesos del dinero que percibió en el marco de la ayuda social otorgada.
La mujer reconoció que, dada la presión ejercida por la empleada, cumplió con la exigencia, pero que, en cuanto pudo, denunció lo sucedido a Cordero, quien lejos de actuar, no hizo nada, con lo cual entendió que la funcionaria también era parte de la maniobra.
Dada esta situación, y otros detalles surgidos de otros casos, la fiscalía federal, a cargo del fiscal José Luis Bruno, indicó que las irregularidades denunciadas y que ahora son motivo de investigación, son “de carácter grave”.
Otros de los que denunciaron fueron los concejales opositores, entre ellos Nicolás Arce y Ernesto Restom y Elba Rodas, los que el 18 de noviembre presentaron una denuncia en el Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional, a través de la cual acusaron a Cordero por fraude a la administración pública y asociación ilícita. Además, dejaron en claro que el caso merecía la intervención del fuero federal por tratarse de fondos nacionales dirigidos a personas de extrema vulnerabilidad
La maniobra
En declaraciones públicas, Rodas dijo que, por el relato de mujeres afectadas, la maniobra fraudulenta alcanzaría a muchas personas. Por su parte, el abogado Rambert Ríos, asesor de los ediles, señaló que se hacían denuncias falsas para tramitar el beneficio para determinadas personas que, en realidad, no cumplían con los requisitos.
La primera denunciante, cuyo relato motivó la apertura del caso, se constituyó como querellante con el patrocinio de la abogada Sarah Esper. La mujer aseguró que fue “víctima del proceder de las denunciadas; ello sin descartar la posibilidad de que otra mayor cantidad de personas pudieran estar involucradas en estos ilícitos”.
Explicó que en febrero pasado fue a ver a Domínguez y le informó que había atravesado años a atrás hechos en los que fue víctima de violencia de género, pero nunca había denunciado. Ante ello, la empleada le aseguró que su situación era atendible, por lo que desde la Dirección de Asuntos de la Mujer y la Diversidad de Género contaban con un equipo de trabajo para salvaguardar, asistir y solucionar situaciones como la relatada.
Todos estaban prendidos
Domínguez mencionó que la Dirección contaban con todo el staff, abogados y policías que podían realizar las tareas técnicas necesarias para solucionar la situación que vivía; pero que debía abonar $10.000 por seis meses, desde que comience a percibir los haberes correspondientes al plan.
Tras denunciar estas irregularidades, el escándalo salió a luz y derivó ayer en el apartamiento de la funcionaria municipal y la empleada acusada, quienes pronto podrían quedar imputadas formalmente por la fiscalía federal.
